PSOE y Podemos tasan en 425.000 euros la "discriminatoria" asistencia religiosa católica en hospitales

La Proposición No de Ley conjunta que PSOE y Podemos de Castilla-La Mancha presentarán para su aprobación ante el pleno de las Cortes regionales para suprimir la financiación del catolicismo en los hospitales públicos tasa en 425.470 euros el gasto destinado únicamente a la asistencia religiosa para los católicos, "inversión que resta capacidad de atención sanitaria al resto de los ciudadanos, discriminando con ello no solo a las demás confesiones sino a los ciudadanos que no declaran profesar religión alguna".

La Proposición No de Ley conjunta que PSOE y Podemos de Castilla-La Mancha presentarán para su aprobación ante el pleno de las Cortes regionales para suprimir la financiación del catolicismo en los hospitales públicos tasa en 425.470 euros el gasto destinado únicamente a la asistencia religiosa para los católicos, "inversión que resta capacidad de atención sanitaria al resto de los ciudadanos, discriminando con ello no solo a las demás confesiones sino a los ciudadanos que no declaran profesar religión alguna".

En este texto, ambas formaciones políticas justifican la petición de suprimir esta financiación asegurando que provoca una "situación evidentemente injusta" por solo sufragar los servicios religiosos de esta confesión.

En dicha PNL, publicada en la página web de Podemos y recogida por Europa Press, los portavoces de los grupos parlamentarios Socialista y Podemos, Blanca Fernández y David Llorente, suscriben que después de 30 años del acuerdo internacional con la Iglesia Católica sobre asistencia religiosa en virtud del cual las comunidades autónomas pagan el servicio de los capellanes católicos en centros sanitarios.

"España reconoce el arraigo creciente de otras confesiones" pero "mantiene una situación de evidente discriminación que choca frontalmente con el artículo 14 de la Constitución y con el espíritu de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa", añaden.

Por ello, esta propuesta que será previsiblemente aprobada con los votos de PSOE y Podemos, instará al Gobierno de España a "garantizar la libertad de cualquier persona a recibir atención religiosa que precise" y a "suspender cualquier disposición derivada de acuerdos internacionales que trasladen la obligación de las comunidades autónomas de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión, en particular en el ámbito de los servicios públicos como sanidad, educación o bienestar social".

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