En los últimos cinco años, los Mossos han intervenido en 96 casos de matrimonios forzados en Cataluña, de los que 63 (un 65,6%) tenían que ver con niñas menores de edad. De los 15 casos detectados en 2015, 9 eran menores de 17 años y otras seis mayores (entre los 18 y los 23 años). 13 de las actuaciones del año pasado fueron preventivas y en los otros dos casos el matrimonio forzado ya se había llevado a cabo. Los de 2015 fueron seis casos más que en 2014 (9), con seis menores de edad forzadas a casarse y 4 mayores (dos de ellas hermanas).

En los últimos dos años, han aumentado los casos denunciados por las propias menores afectadas, ya nacidas en Cataluña, que se dirigen directamente a las comisarías o a los servicios sociales.

Este fenómeno complejo está íntimamente relacionado con las tradiciones culturales y étnicas de los países de origen de los progenitores:norte de África, África sudsahariana y Asia Meridional. En prácticamente todos los enlaces, los contrayentes comparten la misma nacionalidad, y las chicas tienen entre 16 y 17 años, tal y como explica la caporal Andrea García, de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà de los mossos, pionera desde 2009 a nivel europeo en prevención de matrimonios forzados.

García insiste en que desde la reforma del Código Penal de julio de 2015 estos enlaces son delito y pueden acarrerar penas de prisión de entre seis meses y tres años y medio así como la imputación de otros delitos asociados (amenazas, coacciones, violencia física o maltrato psicológico) que antes de la reforma legislativa solo podían recogerse de las declaraciones de las menores ante los servicios sociales y los mediadores culturales.

El protocolo de actuación de los mossos amplió en 2012 añadiendo a la prevención, la detección y la denuncia, el seguimiento del caso y la protección de la menor. Casi ninguna de las adolescentes es derivada a la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) y suelen quedar a cargo de familiares. De los acusados en 2015, todos ellos en libertad con cargos en la actualidad, la policía no tiene conocimiento de condenas efectivas.

«Los padres ven a sus hijas de su propiedad y no piensan en que casarlas contra su voluntad sea delito» dice Huma Jamshed, presidenta de la asociación de mujeres paquistaníes ACESOP. Reciben casi un caso al día. «Les prohiben hablar conmigo porque si me saludan es que quieren cambiar». Para Huma, estos enlaces son maltrato y las víctimas son mujeres y hombres: «Ellos también necesitan su libertad (elegira su pareja)».