El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha presentado una propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) que pretende que las ayudas directas se centren en la renta personal de los agricultores y ganaderos, eliminando los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización.

Las ayudas de la PAC están basadas en los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva (estratos) tienen que ser sustituidas por una compensación de la renta de los agricultores en función del ejercicio real de la actividad agraria que realicen, y de su renta personal agraria declarada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Esta es la propuesta que el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, llevó este jueves, día 25, a una reunión que mantuvo con la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y ha trasladado este viernes a las organizaciones agrarias de Aragón, con el fin de abrir un periodo de discusión orientado a promover una reforma en profundidad de la PAC.

Olona ha señalado que la finalidad es que las ayudas de la PAC sean un pago que compense "la renta real" y que incluyan a todos los agricultores y ganaderos, orientándose a aquellos que más dependen de la actividad agrícola.

Para fijar esta nueva forma de compensación se plantea establecer una renta agraria de referencia, de tal manera que los agricultores y ganaderos que no la alcancen vean incrementados sus ingresos mediante ayudas públicas hasta completarla.

El consejero de Desarrollo Rural ha reconocido que esta reforma tiene como "público objetivo" aquellas rentas agrarias de entre 6.001 y 25.000 euros, aunque "no se excluye a los demás", dado que sólo se trata de hacer una PAC "más justa".

La iniciativa se modula mediante algunos factores correctores: grado de profesionalidad agraria, dimensión económica de la explotación y eficiencia productiva de la misma. "El pago estará condicionado al cumplimiento de buenas prácticas agronómicas que deben definirse y a las que se pueden sumar determinadas exigencias de carácter ambiental o social", ha señalado Olona.

Primer pilar de la pac

Joaquín Olona ha precisado que todo esto supone una modificación sustancial del enfoque del primer pilar de la PAC, ayudas directas a los agricultores y ganaderos, mientras que se mantiene la orientación actual del segundo pilar, el de desarrollo rural, del que se reforzaría su papel como impulsor de la mejora de las estructuras agrarias.

La propuesta mantiene el mismo nivel de asignación financiera para estados y comunidades autónomas, aunque modifica la distribución de esta entre los beneficiaros finales, siempre personas físicas.

"La integración del sistema de declaración y control de las subvenciones con el sistema fiscal supondría una simplificación notable del proceso", ha explicado el consejero Desarrollo Rural.

Acabar con las injusticias e ineficacias

El planteamiento del Gobierno de Aragón tiene como objetivo principal terminar con "la falta de equidad de la PAC actual" y con "los elementos que la convierten en una política ineficaz", ha subrayado Joaquín Olona.

Olona ha indicado que el sistema de pago por hectárea, con importes tanto más elevados cuanto mayor es el potencial productivo de la superficie objeto de ayuda, provoca que la subvención percibida sea mayor para los perceptores con mayor renta agraria.

"Esta inequidad se traduce en ineficacia cuando se comprueba que las tres cuartas partes de los beneficiarios de la PAC concentran un tercio de la ayuda total y configuran un colectivo cuya renta total presenta muy escasa dependencia de la actividad agrícola", ha remarcado.

Asimismo, ha aclarado que esto supone la dispersión de un importante volumen de fondos en Aragón, unos 150 millones euros, entre un elevado número de beneficiarios para los que, presumiblemente, los efectos de la ayuda percibida resultan "muy poco relevantes", tanto en términos de renta como agrícolas, de acuerdo con la interpretación de la consejería. "Esta situación impide, posiblemente, focalizar las ayudas en el segmento profesional de mayor interés económico y justificación social", ha apuntado.

El pago por superficie, que también se aplica a las producciones ganaderas, se ha convertido en otra amenaza para las zonas de montaña, donde los ganaderos están teniendo dificultades para justificar la existencia de una actividad que han mantenido a lo largo del tiempo.

"La situación se agrava por las anomalías generadas con la concesión de ayudas basadas en derechos históricos a beneficiarios que ya no explotan ganadería alguna, lo que también genera agravios sociales difícilmente justificables", ha agregado.

Además, Olona ha opinado que el carácter histórico de los derechos de subvención dificulta la incorporación y la consolidación de los jóvenes, ya que como ha señalado el consejero de Desarrollo Rural, "por definición, son derechos de las mayores".

Al mismo tiempo, ese determinismo histórico impide que agricultores y ganaderos que tradicionalmente no han tenido ayudas puedan llegar a tenerlas, como es el caso de los fruticultores o los productores de porcino.

El caso de teruel

Joaquín Olona ha reconocido siempre que la provincia de Teruel sufre las consecuencias de buena parte de las injusticias señaladas. De hecho, el documento de su Consejería, titulado 'Hacia una PAC más justa y eficaz', admite que en su origen están las reivindicaciones de los agricultores turolenses, cuya situación, por otra parte, también coincide con la de las comarcas del sur de Huesca.

Sin embargo, la solución demandada por la plataforma Agrigate, que solicita un cambio en la regionalización de las ayudas, no resultaría viable, de acuerdo con el análisis de Desarrollo Rural.

En primer lugar, porque supone una transferencia de fondos de las zonas más productivas a las menos productivas, lo que contradice el carácter histórico de los derechos, que es en lo que se basa, precisamente, la regionalización.

Por otro lado, el trasvase de ayudas de Zaragoza y Huesca a Teruel, en el actual marco de pagos por hectárea y derechos históricos, conduciría a un conflicto territorial todavía mayor.

Asimismo, supondría una deriva económica del regadío al secano, pero sin garantías de que de esta manera los profesionales de Teruel alcanzasen la renta agraria necesaria.

El informe señala que esto no supondría un reparto equitativo y eficaz de las ayudas, puesto que el nuevo sistema de estratos sería igualmente perverso en este sentido, o más, que el original.

El Departamento de Desarrollo Rural ha hecho hincapié en que una solución de carácter exclusivamente territorial no termina con los agravios personales que se dan dentro de cada territorio entre los agricultores.

En consecuencia, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha tomado la decisión de abordar la propuesta de una reforma de calado sobre la política agraria europea. El objetivo es, evidentemente, solucionar los problemas que se han puesto de manifiesto en la provincia de Teruel tras la última reforma de la PAC, pero del mismo modo evitar las deficiencias estructurales de esa política que afectan al conjunto del sector.