En su moción, Ciudadanos invoca la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, que textualmente regula el "canon de mejora" de este servicio público con la "finalidad esencial de dar respuesta al principio de recuperación de costes". Este canon de mejora se traduce en una subida del precio del agua, sencillamente para financiar infraestructuras de depuración de aguas declaradas de interés en la comunidad de Andalucía. Por lo que se refiere a la provincia de Sevilla, según Ciudadanos, estas obras se elevaban a un número de 28.

La mencionada regulación, por cierto estaba destinada a cumplir la Directiva Europea Marco de Aguas, que establece que a 31 de diciembre de 2015, todos los núcleos urbanos superiores a 2.000 habitantes debían depurar sus aguas.

Pero según la formación naranja, el propio Gobierno andaluz reconoció en diciembre de 2015 haber ingresado 321,7 millones de euros por este canon de mejora, mientras el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) sólo contabiliza obras de infraestructuras de depuración de aguas por valor de 59 millones de euros en los últimos años, extremo que ha derivado en una denuncia judicial por el "uso indebido de este canon".

Así, Ciudadanos pregunta por "el destino de estos ingresos, qué actuaciones han sido ejecutadas y cuáles están pendientes de acometer", así como de qué forma "se va a hacer frente a las previsibles multas al no cumplirse la Directiva Europea Marco de Aguas", una sanción que podría elevarse a 40 millones de euros

Por eso, la moción de C's pedía crear una comisión de estudio de las actuaciones realizadas en materia de depuradoras y colectores y las que quedan por ejecutar, instar a la Junta a ejecutar "con extrema urgencia" los proyectos de depuradoras "en el marco del acuerdo suscrito" con la Diputación e información sobre los ingresos obtenidos en concepto de canon de mejora recaudados en el ámbito de las competencias provinciales, así como de su aplicación.

No obstante, Ciudadanos ha aceptado dos enmiendas del PSOE e IU-CA, según las cuales el contenido final de la moción se dirige a instalar a a la propia Diputación y a la Junta a crear una comisión mixta para el seguimiento de la ejecución de estas infraestructuras, con un seguimiento "del estado actual económico, de ejecución y programación de las infraestructuras de depuración y saneamiento de la provincia", reclamando información a la Administración andaluza sobre el estado actual de ejecución de tales obras.