"Las decisiones que tomé en Consejo de Gobierno y lo que aprobé fue lo que tenía que hacer". Así ha contestado el exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, una de las últimas preguntas del portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, en la comisión que investiga la construcción y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras.

Sánchez quería saber cómo valoraba su actuación durante el tiempo que estuvo al frente de la Consejería relacionado con este tema. La mayor parte de las preguntas que ha contestado Bascuñana durante las dos horas que ha durado su comparecencia han sido sobre la autorización de los planes urbanísticos de los ayuntamientos.

El que fue consejero de Obras Públicas ente los años 2003 y 2007 ha contradicho al socialista Jesús Navarro y le ha advertido de que hay documentación que muestra que el Ente Público de Agua (EPA) era "competente para autorizar los planes urbanísticos de los ayuntamientos".

Bascuñana ha aludido a documentos de la Confederación Hidrográfica de Segura (CHS) y del Ministerio sobre el tema. Además, ha instado a los diputados a formularle esas preguntas a la CHS "que es quien tiene que aclarar por qué varía de criterio y un día decía una cosa y otro, otra", ya que, tal y como ha expuesto, se reconoció que el EPA podía autorizar dichos planes y "a nosotros en la consejería con eso y con los informes técnicos favorables nos era suficiente".

En ese sentido, ha señalado que el artículo 25 de la Ley de Aguas exigía el informe de la CHS aunque "no se aprobó ningún plan sin el informe preceptivo del organismo de cuenca". Para Bascuñana, el suelo agrícola recalificado como urbanizable "requería menos agua" y reitera que la competencia para recalificar "la tenían los ayuntamientos, no la Confederación Hidrográfica".

A repreguntas de los diputados, Bascuñana ha reiterado que él no firmó ningún plan sin el visto bueno de los técnicos. El procedimiento que se seguía para aprobar los planes generales era que el director general elevaba las propuestas al consejero y si no había ningún informe en contra de los técnicos, estos seguían su curso, ha manifestado.

"Nunca firmé ningún expediente con un informe desfavorable de los técnicos", ha insistido cuando el socialista Jesús Navarro le recuerda que él firmó los planes generales de Puerto Lumbreras y Aledo, que han sido anulados por el Tribunal Supremo por no cumplir el artículo 25 de la Ley de Aguas.

Según ha explicado, los expedientes solo podían pasar a Consejo de Gobierno si estaban antes avalados por los técnicos. Ha defendido el trabajo de estos al reconocer que "quien llevó a cabo aquello lo hizo con las mejores garantías. Otra cosa es que administrativamente se cometiera algún fallo".

El compareciente ha negado que el Gobierno utilizara la desalinizadora o el EPA para recalificar terrenos. "Con quien firmamos los planes generales eran los ayuntamientos". En este sentido, ha apuntado que un plan general tiene una vigencia mínima de 30 años y que si se habla de construir 250.000 viviendas, esta cifra se quedaría en unas 200.000 porque los técnicos dicen que falla un 25 por ciento.

"Por aquel momento se construían 9.000 millones al año y eso son 270 mil en 30 años. La Comunidad no le decía a ningún ayuntamiento lo que debía hacer, pero cada uno presentaba lo que consideraba oportuno", ha aclarado.

Asimismo, el diputado de Podemos, Antonio Urbina, también le ha planteado que el Ente Público nunca pensara en suministrar agua a los agricultores, "que eran los que tenían carencias".

Bascuñana le ha recordado que él no tenía la responsabilidad en agricultura, pero que en el preámbulo de creación del EPA "se habla de garantizar los recursos necesarios en la Región para el abastecimiento humano y para uso agrícola".

En este momento ha surgido el tema de la reconversión el uso del agua de la desaladora. Urbina, le ha recordado que los permisos de las obras de la desaladora tuvieron que pasar en 2006 por la Consejería de Obras Públicas y se ha interesado por saber el tiempo que tenía que pasar para que fuera necesaria el agua de la planta si no había carencias por parte de los ayuntamientos, sino en el regadío.

"Si no hubiera estado la planta, no la habríamos podido reconvertir al uso agrícola", ha contestado. En este punto, el exconsejero ha advertido que la consejería "solo valoró" el cambio de uso de los terrenos destinados a la desaladora y que él no es "técnico en la materia" para plantearse esas cuestiones.

Bascuñana ha apuntado que en aquel momento se estaban modificando los planes generales de ordenación urbana y que el Gobierno debía tomar una decisión "para atender las necesidades a 30 años vista.

El Gobierno, en aras de sus competencias y de forma legal, toma una decisión", a lo que ha añadido que ésta pasó por la Asamblea Regional y que nadie votó en contra. "Ni siquiera el Gobierno de España, que tenía desaladoras dice nada en contra".

Los diputados de la oposición han incidido en que la planta se construye solo para permitir los desarrollos urbanísticos y han puesto como ejemplo Novo Carthago.

Le han preguntado, asimismo, por si conocía a Rafael Galea, propietario de Hansa Urbana, la empresa promotora de Novo Carthago en los terrenos protegidos del Mar Menor. Sin embargo, Bascuñana se ha negado a responder, pues "no es tema de esta comisión, no tengo por qué contestar".

Única participación en consejo de gobierno

Por otro lado, los grupos parlamentarios se han interesado por el grado de participación de Bascuñana en la creación y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras.

"Mi única participación en la desaladora fue la aprobación en Consejo de Gobierno. No he tenido más participación", ha asegurado.

A su vez, los diputados regionales le han interrogado sobre el motivo por el que no se optó por el modelo de contratación pública para dicha infraestructura.

Para Bascuñana, es el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, el que debe responder a esto. Cree que no se le ddio tampoco publicidad al proyecto porque "quien lo llevara a cabo lo pensó así. Once años después se puede ver de otra forma, pero cada uno toma la decisión que considera mejor en cada momento".

La oposición ha cuestionado el modelo político que se siguió para construir la desaladora. El exconsejero ha informado de que Antonio Cerdá, antiguo consejero de Agricultura y Agua habló con el Ministerio, pero que al no alcanzar acuerdos fue cuando se decidió construir la desaladora.

Recuerda los problemas que se planteaban en 2004 y dice que Murcia "tenía la obligación de poner en marcha iniciativas para garantizar los recursos hídricos. El Consejo de Gobierno quería garantizar el suministro a todos los municipios".

Ha aportado un informe jurídico en el que se indica que el informe de la CHS no es vinculante, "el Ministerio quiere que sus informes sean vinculantes, pero no lo son".