El diputado por el PSE-EE de Gipuzkoa, Odón Elorza, se ha mostrado convencido de que la lucha contra la corrupción es "incompatible" con la

permanencia de Mariano Rajoy al frente del Gobierno central porque, a su juicio, "es el responsable político de la gran corrupción en el PP".

Elorza, en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, ha asegurado que, en el "nuevo ciclo político" que se ha abierto tras las elecciones, la lucha contra la corrupción "forma parte de la necesidad urgente de una regeneración democrática de la vida política y de las instituciones".

"La corrupción, entre otras razones, ha provocado la desafección y la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema democrático, el descrédito de las instituciones y graves daños y perjuicios a la economía del país", ha afirmado.

De este modo, ha abogado por actuar en cinco frentes para acabar con la corrupción, como son "transparencia, respeto a la separación de poderes, un parlamento fuerte y representativo, reformas legales y democracia participativa".

El dirigente socialista ha admitido que los partidos han reaccionado "tarde" ante la corrupción y ha considerado que cuando aparecieron los primeros casos "se tenían que haber creado y aprobado los mecanismos legales, los códigos éticos y un fortalecimiento del Estado de Derecho para prevenir y castigar a los corruptos".

Odón Elorza ha señalado que, para "acabar de modo radical con la impunidad y castigar a los corruptos", el PSOE ha propuesto un paquete de 41 medidas legislativas entre las que se establece la obligación de suspender a concejales, parlamentarios y altos cargos a los que se les abra juicio oral por delito relacionado con la corrupción, revisar el aforamiento de diputados y senadores, o aprobar una estrategia de lucha contra el fraude fiscal con la creación de una Oficina de Lucha contra el Fraude.

Los socialistas también apuestan por beneficios para empresas que contraten con el sector público y que firmen pactos de integridad, facilitar la creación de comisiones de investigación en el Parlamento, establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal para optimizar la lucha contra la corrupción.