La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha regenerado una superficie de 41.000 metros cuadrados de terrenos afectados por escombros en los municipios gaditanos de Grazalema y Puerto Serrano, tras el sellado y clausura de los vertederos 'El Chaparral-La Sombrerera', 'Campo de las Encinas y Los Laureles' y 'Grupo Pinar'.

En una nota, la Junta ha indicado que el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, Ángel Acuña, ha explicado este lunes que esta actuación ha contado con un presupuesto total de 610.000 euros, cofinanciados con fondos europeos de cohesión, y ha permitido la recogida de 48.700 metros cúbicos de residuos inertes.

Durante la visita realizada a la zona de El Chaparral-La Sombrerera junto al presidente de la Mancomunidad de la Sierra, Juan María Nieto, Acuña ha explicado que los trabajos realizados se han centrado en la limpieza de residuos voluminosos, especialmente escombros, estabilización física del vertedero; así como en el control de lixiviados y aguas superficiales.

También se ha llevado a cabo el saneamiento y restauración ambiental de toda la cubierta vegetal de la superficie afectada, mediante la hidrosiembra, en el caso de Puerto Serrano, y la plantación de 280 arbustos en los de Grazalema.

Según ha destacado, el sellado de los vertederos localizados en Grazalema, 'Campo de las Encinas y Los Laureles' y 'Grupo Pinar', ha supuesto una inversión de 160.000 euros y la regeneración de una superficie de 24.000 metros cuadrados; mientras que el de Puerto Serrano ha contado con un presupuesto de 450.000 euros y el acondicionamiento de 17.000 metros cuadrados de terrenos afectados por escombros.

En opinión del delegado territorial, con la clausura y sellado de estos vertederos la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pretende resolver los consiguientes problemas ambientales de contaminación, deterioro paisajístico, inestabilidad de taludes, saturación, así como posibles riesgos sanitarios a la población.

Tras la recepción de las obras, los ayuntamientos de estos municipios gaditanos realizarán durante un plazo mínimo de 30 años el plan de seguimiento y control posclausura aprobado por la Junta de Andalucía.