Una veintena de familias del paraje de La Pedregosa, en la ciudadrealeña pedanía de Las Casas, han expresado su "desesperación" ante la inminente demolición de sus viviendas por orden judicial después de que prosperara un recurso de la Fiscalía de Ciudad Real que solicitaba la restitución de estos terrenos, calificados de especial uso agrícola y medioambiental, a su estado original.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Real "hace todo lo posible" por "ralentizar" el proceso mientras multiplica las reuniones con los agentes implicados, si bien Urbanismo advierte de que la justicia le obliga a comenzar con las demoliciones de forma subsidiaria, en cumplimiento de sentencias en vía penal que ya no admiten recurso.

Los vecinos "ya no saben qué hacer", ha explicado en declaraciones a Europa Press José Antonio Campos, portavoz de los afectados, quien alerta de que muchos de ellos "van a perder los ahorros de toda la vida" invertidos en la obra, mientras otros serán "literalmente desahuciados", ya que media docena habitan estas casas como única residencia.

El problema de las construcciones ilegales en zonas agrícolas ha llegado en este caso a sus últimas consecuencias. Según relata Campos, los vecinos construyeron "sin tener conocimiento" de la naturaleza de los terrenos. Ahora lamentan que podrían "perderlo todo", a pesar de las muestras de "buena voluntad" con la que pretenden evitar el desenlace dictado por la Justicia.

Las casas de La Pedregosa, unas sesenta en total, fueron construidas hace una década. En 2008, recuerda Campos, un juzgado de Ciudad Real comenzó a dictar las primeras sentencias condenatorias, que aparejan multa y pena de prisión de entre seis meses y un año. Posteriormente, un recurso de la Fiscalía de Ciudad Real estimado por el tribunal obligó además a los 19 constructores condenados a restituir los terrenos a su estado original.

En este sentido, otro de los afectados, Juan Francisco Lozano, ha llamado la atención sobre los "resultados dispares" de unas sentencias que "parecen aleatorias y caprichosas" y permitirán que sigan en pie edificaciones cercanas "convirtiendo el paisaje en un tablero de ajedrez".

El asunto también "preocupa" al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, que al poco tiempo de tomar posesión recibió la orden judicial de acometer la ejecución subsidiaria de las demoliciones, para lo que ha tenido que consignar 385.000 euros en el presupuesto de este ejercicio.

"La situación es muy complicada", señala a Europa Press el concejal de Urbanismo, Alberto Lillo, quien recuerda que el Consistorio ya ha recibido varios requerimientos judiciales para que proceda con las demoliciones en un plazo de entre cuatro y cinco meses. "No queda otra que obedecer a la justicia", ha recalcado

En todo caso, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha reiterado en numerosas ocasiones su "preocupación" y sensibilidad" ante la problemática. Según apuntan fuentes municipales, la estrategia del Consistorio es intentar "pausar" el procedimiento. Para ello, Zamora ha celebrado reuniones con los abogados de los constructores, la presidenta de la Audiencia Provincial y la Consejería de Agricultura, todo para armonizar posturas y sondear las posibilidades de un cambio en la naturaleza de los terrenos que dé un respiro a los afectados.

Los vecinos aseguran que "están dispuestos a cualquier cosa" para evitar "quedarse en la calle" y han hecho un llamamiento a "profesionales especializados" que puedan "echar una mano". También han emprendido una campaña de recogida de firmas en la web Change.org que hasta el momento ha conseguido casi un millar de apoyos.

Mientras tanto, y a la espera de los resultados de la reunión que mantendrán el próximo martes con la delegada de la Junta en Ciudad Real, María Teresa Olmedo, han decidido presentar ante el Ayuntamiento y la Fiscalía de Ciudad Real un plan de urbanización de la zona, que ha costado unos 8.000 euros, para "dejar patente" su voluntad de normalizar la situación. Será, quizá, su último recurso para evitar lo que consideran una "sinrazón".