El PSOE ha pedido al alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), que la Diputación provincial "vuelva a tramitar las multas", tras romper el acuerdo con la misma a final de 2014, y haber sido un año "caótico" para las arcas municipales, que "no han percibido ningún ingreso por la citada tramitación".

En una nota del PSOE, la concejal socialista Matilde Cruz ha criticado que el nivel de recaudación que la Diputación "ofrecía al Ayuntamiento 1,5 millones, que se han perdido desde que el equipo de gobierno del PP decidió poner en manos privadas este servicio", a la vez que ha recriminado "el oscurantismo existente alrededor de este proceso de privatización".

Cruz ha recordado que el Ayuntamiento de Jaén "dejó de ingresar el año pasado más de 750.000 euros por multas prescritasm y lo que ha podido recaudar teóricamente ha sido para pagar a la sociedad Vialine, la empresa encargada de gestionar las sanciones de tráfico".

El grupo municipal socialista ha calificado de "incomprensible" que un servicio que "reportaba un ingreso" al Consistorio jiennense, ha pasado a ser "deficitario" por una decisión "desacertada" del anterior equipo de gobierno, que presidía José Enrique Fernández de Moya.

Según Cruz, los costes de su privatización "están siendo muy alejados de cualquier elemental norma de prudencia y buena economía que debe de regir la actuación de un alcalde que se precie de ser buen gestor".

Dada la situación actual, el PSOE ha exigido una explicación, "porque tanta ineptitud nos lleva a pensar la existencia de intereses ocultos por parte del máximo responsable del Ayuntamiento de la capital para que Vialine continúe al frente de la dirección de este servicio".

La edil considera que lo lógico hubiera sido "rescindir su contrato el pasado diciembre, cuando cumplía el acuerdo, en lugar de ampliarlo a un año más". "Nos consta, según Cruz, que la empresa no cumple con el contrato, entre otras cuestiones el convenio contempla que la empresa debe de facilitar a cada policía una PDA, así como la formación adecuada, cláusula que después de un año ha incumplido".

La edil ha requerido al actual alcalde para que "públicamente informe de la recaudación de multas durante 2015, pese a la reiteradas peticiones de su grupo que se ha encontrado siempre con un no como respuesta, lo que demuestra que lo que adelantamos cuando el alcalde privatizó el servicio se ha cumplido".

Frente a ello, el PSOE ha pedido que la gestión de las multas "regrese a la Diputación Provincial para garantizar la rigurosa administración del servicio, puesto que los datos de otros años así lo corroboran".

Así, han argumentado que un 90 por ciento de la recaudación es voluntaria y un 50 por ciento, ejecutiva, además de permitir que las "maltrechas arcas municipales obtengan anticipos extraordinarios o reintegros mensuales sin coste financiero".

"No se puede obviar que esta empresa sólo gestiona la recaudación voluntaria, y el Ayuntamiento, la recaudación ejecutiva, es decir, la parte más costosa del procedimiento, la que requiere de mayor medios humanos y materiales, principalmente por la gran cantidad de recursos administrativos que generan", señala Cruz, que afirma que "todo ello va unido a la falta de medios materiales del Consistorio que afecta de manera negativa a la gestión de los demás recursos tributarios agravando, más si cabe, la economía de la administración local".

A esta situación, se suman las "dudas existentes" sobre la seguridad jurídica y la legalidad, "que desde el primer momento el grupo socialista plantó en relación con la gestión privada de las deudas de carácter públicas".

Por último, la edil socialista ha reiterado que el equipo de gobierno de Márquez "debería salir a explicar qué oscura motivación hay, más allá de la animadversión hacia administraciones socialistas como la Diputación, para cerrar con una empresa privada un contrato que hace aguas por todos lados y que deja en tierra de nadie una parte del servicio".