El diputado socialista en el Congreso Salvador de la Encina ha saludado el anuncio realizado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en relación a las medidas económicas destinadas a los ayuntamientos, manifestando "su aprobación si en algo pueden aliviar a los ayuntamientos", pero advirtiendo, al mismo tiempo, de que "son préstamos con condiciones muy estrictas".

Así, el PSOE ha indicado en una nota que los consistorios "han debido aprobar en octubre un plan de austeridad para poder acogerse a estas medidas, tendrán una revisión del mismo plan en junio y están obligados a pagar con ese dinero, en primer lugar, las deudas contraídas con Hacienda, la Seguridad Social, los proveedores y los gastos derivados de sentencias judiciales pendientes".

Por ello, el diputado socialista ha recalcado que "no se trata de medidas extraordinarias como Sanz pretende hacer ver" destinadas a todos los ayuntamientos que se hayan querido o podido acoger a ese Fondo de Ordenación porque la liquidez que puedan obtener "está muy limitada, muy orientada y no revertirá directamente en la prestación de servicios a la ciudadanía, sino a pagar deudas".

En cualquier caso, según De la Encina, "se trata de una solución muy puntual que se disfraza como una salvación que no es tal", y a su juicio lo que necesitan los ayuntamientos es "una Ley de financiación de Haciendas locales que aborde y planifique su futuro, una norma a la que el PSOE se ha comprometido en caso de gobernar".

"Los ayuntamientos no necesitan medidas cosméticas, ni ayudas transitorias, porque ese Fondo no deja de ser un préstamo con duras condiciones de devolución en intereses y plazos, así como condicionado a un plan de austeridad y unos destinos de los fondos obtenidos muy dirigidos, de modo que hasta el 70 por ciento del pago puede estar comprometido, en función de las finanzas de cada ayuntamiento", ha asegurado el socialista.

Por último, ha insistido en "la necesidad" de que el próximo Gobierno apruebe la Ley de haciendas locales y también un nuevo marco del régimen local que "garantice la autonomía de los ayuntamientos y entidades locales".