La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una nueva sentencia por la que "ratifica la anulación del Decreto de la Junta de Andalucía 15/2011, por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos", según ha informado este sábado la organización Ecologistas en Acción, que recurrió este decreto, al igual que la Sociedad Española de Ornitología (SEO).

En una nota, Ecologistas en Acción ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aceptó los recursos de las dos organizaciones ecologistas anulando el decreto, y la Junta de Andalucía recurrió ambas sentencias ante el TS, que "se pronunció el pasado mes de julio en relación con la sentencia del TSJA sobre el recurso de la SEO, confirmándola, y ahora lo ha hecho en relación al recurso promovido por Ecologistas en Acción, confirmando la sentencia del TSJA y ratificando la anulación de dicho decreto".

Según Ecologistas, "este decreto provocó una gran polémica, pues aunque los máximos responsables de la entonces Consejería de Medio Ambiente (ahora Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) aseguraron que su objetivo era agilizar los trámites administrativos en los parques naturales, en realidad lo que se pretendía era fomentar el urbanismo especulativo en estos espacios protegidos".

Así, la organización afirma que "el decreto incluía varias normas manifiestamente ilegales", de forma que "daba prevalencia a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) sobre las propias normas de protección de los parques naturales —Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG)—, facultaba a la CMA a modificar los PORN y PRUG para 'adecuarlos' a los planes urbanísticos y a modificar los límites de los parques naturales de forma arbitraria".

Este decreto, además, "contó con un informe muy crítico de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y con una dura resolución del Defensor del Pueblo, que advertía de su ilegalidad y de las nefastas consecuencias que podría tener en los parques naturales", según abundan desde Ecologistas, que explican que, no obstante, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el Decreto, y la Consejería "ha recurrido con dinero público todas las sentencias contrarias, y sus máximos responsables —el entonces consejero José Juan Díaz Trillo, y su sustituta, María Jesús Serrano, ahora parlamentarios nacionales—, siguieron aplicando este decreto ilegal aún después de habar sido anulado por el TSJA y por el TS".

"Sorprendentemente, nadie ha asumido responsabilidades políticas por este revés jurídico y político", apostillan desde Ecologistas en Acción, organización que cree que "la estrategia jurídica de la Consejería no ha podido ser más lamentable, intentando que no se admitieran a trámite los recursos aduciendo que ni Ecologistas en Acción ni la SEO están legitimados para presentar un recurso sobre la gestión de los parques naturales, cosa que, lógicamente, el TSJA y el TS han desestimado, en lo que supone un duro varapalo para la política de la Junta de boicotear todo tipo de participación social en la gestión del medio ambiente".

Ecologistas en Acción muestra su "satisfacción por esta sentencia del TS que cierra definitivamente esta dura polémica, dando la razón a las asociaciones ecologistas que hemos conseguido un éxito sin precedente, consiguiendo la anulación de un decreto que contaba con todo el apoyo de la dirección política del PSOE y del aparato de la Junta de Andalucía", según asevera la organización antes de sentenciar que "los parques naturales están ahora más protegidos".