La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha pedido a los concejales de la oposición "cordura" y que no voten "en prejuicio de las empresas" que tienen facturas por cobrar del Ayuntamiento incluidas en los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Esta sábado se repetirá el pleno que el jueves se suspendió al ausentarse la oposición en este punto y no haber el quorum necesario para continuar con el pleno.

En rueda de prensa Monteserín ha defendido su postura apuntando que las facturas que se presentan y ascienden a casi 385.000 euros, "están confirmadas por técnicos y concejales responsables y todas cubren con la legalidad vigente". Ha defendido que el reconocimiento de crédito es un procedimiento administrativo "normal y que pasa en todos los ayuntamientos" que en el consistorio supone el 2% de su presupuesto.

Asimismo se ha negado a sacar este punto del orden del día, como le pidió la oposición antes de abandonar el pleno del jueves y después de conocer, por la interventora, que podrían cometer perjuicio si no se aprobaban los reconocimientos.

"¿Qué razón hay para hacerlo cuando se aprobó incluirlo en el orden del día en la comisión de Hacienda donde lo vieron (los otros grupos) y también en la junta de portavoces?", ha indicado. "Si mañana no puede resolverse irá a otro pleno pero el problema no desaparece y los concejales han sido elegidos para resolver problemas", ha dicho.

Monteserín ha explicado que el 83,7% de las facturas que van en el reconocimiento de crédito son por gastos derivados del fin de un contrato al inicio de otro "y no estamos dispuestos a dejar al ciudadano sin esos servicios".

Se trata de los comedores escolares, mantenimiento de calefacción en los colegios, actividades extraescolares, Aulas Populares, gastos de energía y telecomunicaciones, cobertura de servicios extraordinarios de bibliotecas -por cubrir vacaciones y bajas inesperadas-, y parques y jardines -pendiente de un recurso judicial.

La alcaldesa ha asegurado que "el control al gobierno es imprescindible, pero lo que está haciendo la oposición es obstrucción". La concejal de Hacienda, Raquel Ruiz, ha apuntado que "lo que sería ilegal sería no pagar (el Ayuntamiento) por un servicio que se le ha prestado".