"Ni hubo trama ni se sorteó la ley y tampoco hubo intereses urbanísticos por parte de la Comunidad en la construcción y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras".

Al menos, eso es lo que ha manifestado el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, que ha insistido durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras en la Asamblea Regional, que la infraestructura se diseñó de acuerdo a "sólidos" informes económicos, técnicos y jurídicos. El tema, para Cerdá, no es susceptible de asumir responsabilidades políticas: "Las responsabilidades se asumen en las elecciones".

A preguntas del socialista, Jesús Navarro, del portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, y del diputado de Podemos, Antonio Urbina, el consejero ha negado que hubiese intereses urbanísticos en la construcción y puesta en marcha de la desaladora por parte de la Comunidad.

Según ha especificado, dicha infraestructura "era para el desarrollo socioeconómico de los ayuntamientos de la Región de Murcia, que podían tener intereses urbanísticos o de cualquier otro tipo".

Cerdá ha detallado que el objeto de la desaladora era para "defender los intereses de la Región, no de nadie en concreto". En este sentido, ha aclarado que los contratos que se firmaron fueron con los ayuntamientos, aprobados en pleno municipal y, posteriormente, en Consejo de Gobierno.

"Nadie puso pegas, aquí se firmó con ayuntamientos otra cosa es que los ayuntamientos lo hicieran para firmar con desarrollos urbanísticos", ha añadido.

Durante su intervención, que ha durado unas dos horas, y que ha seguido un formato directo de pregunta-respuesta, el exconsejero ha explicado tras la insistencia de los parlamentarios que el modelo privado que se eligió para la gestión de la infraestructura "era tan legal y válido como el público".

En sus palabras, el Ente Público del Agua (EPA) es un ente público, la administración tenía "conocimiento de todo y el proceso se hizo con transparencia".

Para explicar por qué no se optó por un concurso público para gestionar la desaladora, Cerdá se ha remontado a la firma del contrato con Hidronostrum y al entramado societario que se montó a través del Ente Público del Agua, que asumió el contrato que se había pactado previamente entre dos empresas del mismo grupo ACS, y que, según Cerdá la ley de creación del EPA se acoge al derecho privado.

Tal y como ha mostrado, fue el juez el que dijo que para que la operación se hiciera con unidad se debía asegurar la titularidad pública de la planta. "Hidronostrum garantizaba que la toma estuviera en una sociedad jurídica cuyo único socio era el EPA. No recuerdo que nadie se opusiera al modelo que se adoptó", ha advertido, al tiempo que ha informado de que la decisión se sustentaba en informes jurídicos, económicos y técnicos y que no se convocó concurso público, pues "nace al incorporarse a un proyecto privado que ya estaba en marcha".

Además, ha desmentido que exista un entramado público-privado para gestionar la desaladora. Ha explicado que el EPA se hace primero con un 51 por ciento de la planta y que después adquiere el tanto por ciento restante, pues existe un compromiso de comprarla.

"Cuando en los primeros años comienza a haber pérdidas y hay que amortizarlas, las empresas privadas dicen que ellos no van a aportar ampliación de capital", ha apuntado.

En una de sus respuestas, el exconsejero ha criticado que se trate ahora en comisión una infraestructura que data del año 2005. Para él, la desaladora "era viable en las condiciones que se puso". Tras lo que ha achacado a la crisis los problemas posteriores de viabilidad de la misma. "Lo que rompe la cadena es la crisis, si no hubiera habido crisis, no estaría este problema que se quiere plantear ahora", ha asegurado.

Durante su intervención ha afirmado en varias ocasiones que la desaladora es viable en la actualidad, el problema aparece cuando hay que pagar la amortización de los 9 millones de euros por la misma.

"Ahora funciona en operación de mantenimiento y es sostenible y rentable, nunca será rentable si no se paga la amortización ni esta ni las del Estado", ha declarado.

Es más, ha afirmado que es probable que en 2016 se llegue al pleno funcionamiento de la desaladora si no cambian las condiciones climatológicas. Actualmente, la desaladora de Escombreras está en el 80 por ciento de su capacidad.

Continúan las negociaciones para su compra

La cláusula de 600 millones de euros que las empresas concesionarias exigían a la Comunidad Autónoma al incumplir el contrato también ha sido objeto de varias preguntas por parte de los grupos.

Cerdá ha zanjado el tema al aclarar que hace un par de años que "desaparecieron esos 600 millones. Ni es leonino ni draconiano ese contrato, pues han desaparecido esos 600 millones".

En ese sentido, ha explicado que en 2009 se presentó un documento a la Dirección General en el que se vislumbraba la no viabilidad del proyecto, ya que había decaído la demanda de agua "y había que renegociar el contrato". Eso motiva que se decida paliar los convenios para que aparezca la compensación de caudales y renegociar los contratos.

En el año 2010 la Comunidad comienza a impagar e incumplir los compromisos que había por lo que en el año 2012 Lucro Cesante decide demandarla por impagos. "Eso no suponía los 600 millones, eso es lo que decía la cláusula, pero luego son los tribunales los que han de fijar la cuantía", ha aclarado.

El exconsejero ha explicado que tras esa demanda el Gobierno regional pide una auditoría a una empresa de Valencia para que valore la situación a fin de que el Gobierno terminara adquiriendo la infraestructura. Eso se valora en 85 millones de euros más el crédito que se había pedido a los bancos, que rondaba los 100 millones de euros.

Se adeudaba a la empresa 22,2 millones de euros y se llegó a un acuerdo para pagar esa deuda en cuatro plazos a partir del año 2014 de modo que se retiró la demanda.

"Existe ahora una voluntad para alcanzar un acuerdo para comprar la planta. Me consta que esas negociaciones siguen porque la planta funciona y es necesaria", ha afirmado.

Paralelamente, otra de las empresas, Tedagua, interpone igualmente una demanda, porque el EPA se negó a pagar el mantenimiento. "Tedagua pedía la captación, que era algo que no se pagaba. Estaríamos hablando de entre 160 y 170 millones de euros".

Por último, el exconsejero reitera que durante su cargo en la Comunidad siempre defendió que las desaladoras eran una alternativa al trasvase del Ebro, "las teníamos como complemento". Ha advertido que nunca pueden ser un sustitutivo pues "son caras e inviables para la agricultura".

No obstante, ha apuntado a que se debe formalizar ese contrato para comprar la planta y amortizarla "cuanto antes porque la explotación es rentable".