El consejero de Innovación, Industria y Turismo, Francisco Martín, ha asegurado que fue el Gobierno del PP el que inició en 2014, y además de forma "incorrecta", la tramitación del parque eólico 'Céspedes', que Medio Ambiente ha devuelto ahora a Industria por no ajustarse a la normativa, y ha garantizado al PP que esta legislatura "verá aerogeneradores funcionando" en Cantabria.

Así lo ha afirmado Martín este lunes en el Pleno del Parlamento, en su réplica al portavoz del PP, Eduardo Van den Eynde, que le ha responsabilizado de la "paralización" del desarrollo eólico en Cantabria, en el anterior Gobierno PRC-PSOE como consejero de Medio Ambiente por el PSOE y ahora como titular de Industria nombrado por el PRC.

A juicio del PP, la negativa de Medio Ambiente a iniciar el trámite de evaluación de impacto del proyecto del parque eólico 'Céspedes' ha puesto en evidencia un "conflicto interdepartamental" que, a su entender, refleja que la coalición PRC-PSOE, cuyo concurso eólico fue anulado por el TSJC, "no ha aprendido de los errores del pasado", y que a su vez, "genera desconcierto" en el sector.

Sin embargo, Martín ha defendido que la Administración "ha funcionado", porque Industria tiene "la obligación legal de tramitar un proyecto" y Medio Ambiente tiene la obligación de "pararlo" si incumple la normativa, como así ha sido en este caso. Por ello, ha garantizado de nuevo que la energía eólica se implantará en Cantabria "con absoluto respeto por la legalidad vigente".

"El Gobierno no promueve ningún parque, tramita todos", ha aclarado el consejero, quien ha puntualizado que el proyecto citado no es que haya recibido informe negativo de Medio Ambiente, es que "ni siquiera ha iniciado su tramitación ambiental porque no cumple los requisitos mínimos".

Según ha señalado, EDP presentó en diciembre de 2014 la solicitud de inicio del trámite de autorización, que en febrero de 2015, todavía con el PP, tuvo que volver a presentar tras la modificación de la Ley Eólica, de la que se suprimió la autorización en competencia a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.

En marzo de 2015, desde Industria se comunica a la compañía que comienza la tramitación, pero "lo hace incorrectamente", en base a una ley ambiental que ya no estaba vigente. "Se equivocan en la ley a aplicar y piden al promotor cosas que no debían pedirle", ha resumido Martín, quien ha destacado que además de un problema de forma, el proyecto ubicaba dos aerogeneradores en una zona de exclusión (el LIC del pantano del Ebro) "lo que inhabilita per se la tramitación ambiental" y obliga a que dicho parque sea "tramitado de nuevo".

Plan de carreteras

Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha rechazado una proposición no de ley que reclamaba al Gobierno la licitación de la obra del puente de Ranero (CA-170), en Los Corrales, cuya ejecución estaba prevista en el Plan de Infraestructuras para los años 2015 y 2016 pero que no se ha consignado en el presupuesto de este año.

Únicamente Podemos ha apoyado la propuesta del PP, defendida por el exconsejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso. Ambos partidos han destacado el problema de seguridad vial que existe en este puente, por el que transitan camiones de gran tonelaje que van a las industrias de la zona, y han pedido al Gobierno que si no le gusta el Plan de Infraestructuras, aprobado en 2014 con los votos de PP y PSOE, que lo cambie pero en el Parlamento y con criterios conocidos.

El PSOE ha replicado al PP que tuvo el primer semestre de 2015 para impulsar esta obra y no lo hizo. Y el PRC ha admitido que el Gobierno no va a cumplir el Plan de Infraestructuras, que según su portavoz, Angel Sainz, se puede considerar "papel mojado", porque hay "52 obras con retraso: 18 con proyecto que requieren una revisión en profundidad y 34 que ni siquiera tienen el proyecto redactado".

Rodríguez Argüeso le ha replicado que es imposible, porque las obras previstas

para 2014 se están ejecutando todas, y ha mostrado su temor de que el Gobierno priorice la ejecución de unas obras en detrimento de otras en función del color político de los ayuntamientos.