El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Asier Antona, preguntará al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el pleno de esta semana si comparte el interés de que España cuente con un Gobierno nacional que defienda los valores recogidos en la Constitución de 1978.

Asier Antona requerirá a Fernando Clavijo un pronunciamiento institucional en su condición de presidente acerca de la incertidumbre política en torno a la formación del Gobierno de la Nación tras las elecciones del 20D y de la conveniencia para las islas de la defensa de la unidad y de la convivencia constitucional en España.

En el turno de preguntas al Gobierno, la portavoz Australia Navarro preguntará a la consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, por las consecuencias para los ciudadanos de la "fiesta" que, según sus propias palabras, organizó el Gobierno de CC y PSOE en la gestión de la Consejería de Bienestar Social durante la legislatura 2011-2015.

Tras la publicación de las listas de espera sanitarias del ejercicio 2015, el diputado Guillermo Díaz Guerra planteará al consejero del área, Jesús Morera, si tiene previsto poner en marcha nuevas medidas y medios humanos y materiales para reducir de forma sustancial la espera media que sufren los pacientes canarios para realizar una prueba diagnóstica, ser atendidos por un médico especialista o someterse a una intervención quirúrgica.

Por último, el diputado Emilio Moreno preguntará al consejero de Presidencia, Aarón Afonso, cuándo dará cumplimiento el Gobierno regional a las previsiones contenidas en las leyes de los municipios de Canarias y de Cabildos Insulares, aprobadas en 2015.

Reforma electoral y alquiler vacacional

La portavoz parlamentaria Australia Navarro será la encargada de defender en el pleno la propuesta de creación de una comisión de estudio para la reforma del sistema electoral canario, una iniciativa compartida con los grupos de Podemos y Nueva Canarias, y a la que se ha sumado una propuesta similar de los grupos que apoyan al Gobierno (CC y PSOE).

El Grupo Parlamentario Popular considera que el objetivo compartido por la práctica totalidad de los grupos políticos es la creación de la comisión para que sea una realidad el comienzo de los trabajos parlamentarios encaminados a dotar a

la Comunidad Autónoma de un sistema electoral actualizado, plural y más respetuoso con la voluntad de los electores.

En el apartado de proposiciones no de ley, los populares presentan a instancias de la diputada Astrid Pérez una iniciativa para conminar al Gobierno a reformar la normativa que regula el alquiler vacacional en Canarias, de forma que se supriman exigencias legales que, según recoge la propuesta, ponen en riesgo esta actividad económica de la que dependen 53.000 familias canarias y que ofrece alojamiento a 1 millón de turistas cada año.

Astrid Pérez reclama que la modificación del decreto de alquiler vacacional incorpore la modalidad de Bed and Breakfast, que no se sometan las viviendas a los regímenes de suelos y planes turísticos y que no se exijan habitualidad y finalidad vacacional al arrendador y al arrendatario, respectivamente.

La diputada Pepa Luzardo planteará por su parte al pleno una proposición para que la Consejería de Educación habilite una partida presupuestaria destinada a financiar el mantenimiento de las 221 guarderías públicas que existen en las islas, máxime cuando los ayuntamientos, según figura en la PNL, no cuentan con recursos propios suficientes para sostener estos centros educativos fundamentales para las familias canarias.

La urgente necesidad de reformas la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias motiva la tercera proposición no de ley que defenderá el Grupo Popular, a través del diputado Miguel Jorge, que reclamará al Gobierno que proceda sin más dilación a la reforma de la normativa que impide o dificulta la construcción de nueva oferta hotelera no vinculada a la renovación.

A su vez, insta al Ejecutivo a renunciar definitivamente a imponer nuevas exigencias legales a hoteles de nueva construcción, así como a la figura de la autorización previa del Gobierno cuando los ayuntamientos ya velan por la legalidad en el proceso de otorgamiento de licencia.