La asociación Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies (Cofpa) ha afirmado este miércoles que son más de 250 funcionarios de la Administración asturiana los que ocupan puestos de trabajo adscritos a diferentes consejerías mediante nombramientos en comisión de servicios que superan el plazo máximo legal de dos años y que, por tanto, son "manifiestamente ilegales".

A través de una nota de prensa, Cofpa recuerda que el gobierno de Vicente Álvarez Areces (PSOE), con el apoyo de IU, aprobó en diciembre de 2010 una ley de reforma de la Ley de Función Pública que amplió el plazo máximo de duración de los nombramientos en comisión de servicios de uno a dos años.

"Con ello, contribuyó a extender y consolidar la situación generalizada de provisionalidad como forma de provisión de los diferentes tipos de jefaturas y puestos singularizados del Principado", han indicado.

De esta forma, han explicado que el Gobierno de Areces convirtió los nombramientos en comisión de servicios, sistema excepcional previsto en la ley para ocupar puestos vacantes exclusivamente por causas de extraordinaria y urgente necesidad, en el sistema "normal de provisión" de los puestos de trabajo, "incumpliendo sistemáticamente la obligación de sacar dichos puestos a convocatoria pública por concurso de méritos".

Según Cofpa, esa "gravísima alteración" del régimen legal de la carrera profesional de los empleados públicos del Principado, lejos de solucionarse, se ha agravado considerablemente bajo los sucesivos gobiernos del también socialista Javier Fernández.

Señalan que el "punto culminante" de este agravamiento se produjo el 8 de enero del 2013, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ordenó mediante un auto la suspensión cautelar de los nombramientos por libre designación, que se venían utilizando "de forma abusiva y en claro desacato a la reiterada jurisprudencia emanada de ese Tribunal y del Tribunal Supremo".

Desde esa fecha, han explicado, todos los nombramientos de jefaturas de servicio y puestos asimilados adscritos a las diferentes consejerías, se han efectuado, sin excepción, por el sistema extraordinario de la comisión de servicios "que permite designaciones totalmente discrecionales".

Han añadido que aunque en julio del año 2014 la Junta General del Principado aprobó una ley de reforma de la Ley de Función Pública que obliga a utilizar el concurso de méritos para proveer la mayor parte de los puestos de trabajo que hasta entonces se nombraban por libre designación, lo cierto es que, casi dos años después, el Gobierno del Principado no ha efectuado ni una sola convocatoria de concurso de méritos.

"La situación caótica por la que hoy atraviesa la Función Pública del Principado no tiene parangón en ninguna otra Administración Pública del Estado y exige una iniciativa política enérgica para corregirla con urgencia", han señalado.

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