Según se confirmó hace pocos días, el Tribunal Supremo anuló en el mes de abril, aunque no se ha hecho público hasta ahora, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (Pepcha) de Ávila al considerarlo "contrario al ordenamiento jurídico".

La sentencia estima un recurso interpuesto en su día por la Asociación de Amigos de la Ciudad de Ávila contra otra decisión judicial de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Además, también se estima en la sentencia el recurso de casación impuesto contra el acuerdo adoptado desde noviembre de 1998 por el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad por el que se aprobaba definitivamente el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Ávila.

La sentencia dice que "se infringe el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Suelo al considerar válido el Pepcha faltando el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), que previamente había sido anulado por la misma sala". El plan especial "desarrollaba el PGOU", por lo que el primero "pasaba a carecer de soporte jurídico, al ser anulado el PGOU, según entiende el Alto Tribunal.

Ante el tema de una posible autonomía del Pepcha, el Tribunal Supremo entiende que "en el supuesto de que se admitiera la autonomía hasta el punto de no necesitar del Plan General de Ordenación Urbana", se estaría infringiendo otra normativa "al no haber sido aprobado dicho plan especial por el Ayuntamiento de Ávila, dada su manifiesta incompetencia, por corresponder la misma a la comunidad autónoma".

La sala considera que la tramitación de ambos planes es "conjunta y simultánea", tanto en la aprobación provisional y el trámite de información pública, que tienen lugar en las mismas fechas, como en la publicación del plan especial del casco histórico como anexo del PGOU.

Explicaciones desde el Ayuntamiento

Desde el Consistorio abulense se ha quitado importancia al asunto ya que, según informó el alcalde en funciones, Félix Olmedo, la sentencia es consecuencia directa de la anulación, hace tres años, del PGOU aprobado en 1998 y que quedó sin efecto al aprobarse en 2005 la revisión de dicho plan para su adaptación a la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Según comentó, "este fallo era previsible, pues en su día el Tribunal Supremo rechazó el PGOU, lo más lógico era que cualquier otro plan derivado de éste corriese el mismo destino". También recalcó que los efectos de la resolución del Alto Tribunal sobre el Pepcha serán "casi inexistentes", ya que "desde enero se viene trabajando conjuntamente con la Consejería de Cultura de la Junta en la elaboración de un nuevo plan especial para el casco histórico, que previsiblemente estará listo a finales de 2007 o principios de 2008".

En último lugar, Olmedo quiso destacar que "todas las edificaciones y licencias concedidas dentro del casco histórico de la ciudad tienen que ser aprobadas por la Comisión de Patrimonio, por lo que se ha preservado en todos los casos las prescripciones que establece el Plan General de Ordenación Urbana, de tal forma que se ajusten a la legalidad".

Críticas socialistas

Por su parte, el grupo socialista, en palabras de su portavoz en el Ayuntamiento, Mercedes Martín, expresó su preocupación por el "peligro" que corre el Área de Rehabilitación Integral (ARI) del casco histórico con la decisión del Tribunal Supremo y considera que tras la anulación del Pepcha ya "no tiene base legal", ya que debe adaptarse a él.

Además, Martín criticó al equipo de gobierno municipal por "ocultar deliberadamente durante el proceso electoral" la sentencia del Alto Tribunal. "Alguien debería asumir responsabilidades por la pésima gestión urbanística realizada en los últimos años y porque el casco histórico y artístico de Ávila está actualmente desprotegido", señaló la socialista, que concluyó advirtiendo que "hay que buscar transparencia y rigor en la política urbanística" y que pedirán explicaciones en la próxima Comisión de Urbanismo al teniente de alcalde en esta materia, Alberto Plaza.