La comisión de Empleo, Empresa y Comercio del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) conjunta de PSOE, Podemos e IU en defensa del derecho de huelga de los trabajadores de Airbus en Andalucía y el resto de España.

La PNL ha recibido los votos a favor de los tres partidos proponentes, pero en cambio PP y Ciudadanos, que han pedido el voto por separado de cada punto de esta iniciativa, han dado su apoyo únicamente a los puntos uno y dos de la misma, pero no al punto tres.

Esta iniciativa se deriva de los acontecimientos que se produjeron durante la convocatoria de huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuando varios centenares de trabajadores de la empresa

Eads casa airbus en Getafe (Madrid) se concentraron en la entrada de la fábrica como expresión pública de su adhesión a la huelga general y varios de ellos acabaron denunciados en los juzgados.

Momentos antes de que este punto se viera en la comisión de Empleo, Empresa y Comercio, los tres partidos proponentes junto con los sindicatos UGT-A y CCOO-A, así como trabajadores de Airbus en Sevilla han escenificado en el Parlamento su apoyo a esta PNL.

En este sentido, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha señalado la necesidad de revertir "el proceso de regresión democrática de cuatro años del Partido Popular" y ha pedido la liberación y retirada de cargos contra estos trabajadores.

Así, ha criticado la estrategia del PP de "ir en contra de la base del estado de derecho y la representación sindical" porque "unos sindicatos débiles significa impunidad". Además, ha apuntado que rescatar el artículo 315.3 del Código Penal es "una manera de evitar que los trabajadores salgan a la calle a reivindicar sus derechos".

"España tiene que cambiar esa realidad, nosotros confiamos en que un nuevo gobierno en España asuma, dentro de su agenda, acabar con la regresión que ha impulsado el PP en esos cuatro años", ha subrayado.

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz José Antonio Castro ha llamado la atención sobre la "anomalía democrática" que se está produciendo en España, donde se está pasando de "un estado de derecho a un estado de derecha" y donde "ya hay más de 300 encausados a los que se le pide más de cien años de pena de cárcel" por defender sus derechos o ejercer el derecho a huelga.

"Es una burrada lo que se está haciendo criminalizando a estos trabajadores", por lo que ha instado a ser solidarios con ellos y el resto de casos similares.

Por su parte, el diputado por Podemos Jesús Romero ha señalado que estas "medidas de represión nos retrotraen a situaciones decimonónicas" y está en contra de "los derechos que tantos años de luchas y lágrimas nos ha costado".

"Es inadmisible que un país que quiera llamarse democrático enfrente a estos trabajadores a este juicio", ha cerrado.

CCOO-A Y UGT-A

En el mismo sentido, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha criticado la elaboración de leyes durante el Gobierno del PP que "sólo buscan la represión ante la demanda de los derechos en manifestaciones y huelga".

"El artículo 315.3 del Código Penal ha estado dormido pero el PP lo ha puesto en marcha, a través de la Fiscalía, para reprimir la contestación a los recortes y la brecha social", ha subrayado.

Asimismo, ha apuntado que la falta de apoyo de Ciudadanos y el Partido Popular en esta causa demuestra "quien está de parte de la lucha por los derechos sociales y quien quiere ser más rico y ganar más".

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha considerado que "lo que ocurre en España es inaudito y ha sido criticado por la Organización Internacional de Trabajadores". "Nunca es tarde para la derogación del 315.3 del Código Penal porque está criminalizando la lucha por los derechos de los trabajadores y el derecho a huelga", ha explicado.

De igual manera, ha criticado lo "desproporcionado" que resulta la pena que se pide a estos trabajadores de Airbus, "ocho años por cada uno, 64 en total".

PNL

Esta Proposición No de Ley recuerda que durante esa concentración, la presencia en la puerta de la fábrica de un buen núero de unidades policiales antidisturbios y su actitud ante los concentrados "creó un clima de tensión", puesto que, según los trabajadores, el comportamiento de la policía no contribuyó al normal desarrollo de la huelga, sino "que propició que se produjeran diversos incidentes que culminaron por parte de los agentes antidisturbios, con el uso de las armas, realizando al menos siete disparos".

Se produjo una denuncia de la policía y el Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Getafe inició la instrucción, la cual, según los trabajadores, ha presentado "graves deficiencias", como la "acusación" al presidente del comité interempresas, máximo responsable sindical en la empresa, "por el solo hecho de intentar impedir los incidentes que se estaban produciendo, dirigiéndose a los responsables policiales para propiciar una solución pacífica".

Igualmente fueron acusados otros dos sindicalistas a raíz de que acompañaron al presidente del comité interempresas en su declaración ante el juez instructor. La acusación se amplió a otros once sindicalistas por el "solo hecho de haber acudido a los servicios médicos de la empresa para ser atendidos de las heridas que les ocasionaron los policías antidisturbios durante la violenta carga policial", según consta en la iniciativa.

Se añade que el día 7 de enero de este año, el juzgado de instrucción procedió a la apertura del juicio oral tras la acusación del Ministerio Fiscal contra ocho sindicalistas, en la que se solicita pena de prisión de ocho años y tres meses para cada uno de ellos y un total de 64 años de prisión, además de una fianza de 31.059 euros de la que los acusados han de responder conjunta y solidariamente, sin que en la instrucción realizada se determine la responsabilidad y participación de cada uno de los acusados.

En la iniciativa, se insta al Parlamento a manifestar su apoyo a todos los trabajadores de Airbus y a los sindicatos de trabajadores, en la "confianza de su honradez y el reconocimiento de que su labor sindical a lo largo de los años ha reportado beneficios para el conjunto de los trabajadores" de la empresa.

También se demanda a la Cámara que abogue por que se utilicen todos los medios para defender los derechos de los trabajadores, así como la libertad de expresión y de huelga de los trabajadores en Andalucía y en España. Se insta además a la Junta a que se dirija al Gobierno central para que derogue el artículo 315.3 del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana.