El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el marco del caso Nóos, ha retirado sus acusaciones contra el que fuera secretario en la junta directiva del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro, para quien reclamaba diez años de cárcel.

Tejeiro es uno de los 18 acusados que se sientan en el banquillo en el marco del caso Nóos, si bien sobre él únicamente dirigía acciones penales Manos Limpias.

En el escrito de defensa que presentó en el marco de esta causa, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado señala que en ningún momento tuvo poder de decisión alguno en Nóos como tampoco tuvo participación societaria ni formó parte de los órganos de administración del conjunto de mercantiles propiedad de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

Tejeiro, defendido por el letrado Cristóbal Martell, solicitaba su libre absolución en esta causa por cuanto afirma que no llevó a cabo ninguna conducta delictiva ni intervino en los hechos investigados. La Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones no ven delito en su actuación.

En su escrito, el procesado aseguraba que aceptó el cargo de secretario "'ad honorem' y sin retribución económica" puesto que constituía "un honor y un privilegio social" formar parte de la junta directiva de la entidad "por la relevancia institucional de su composición personal" -entre sus componentes se hallaban la Infanta Cristina y Urdangarin-.

De hecho, el inculpado, señalaba que su designación y pertenencia al Instituto Nóos no significaba ni carga de trabajo ni dedicación efectiva "en tanto no se celebraban materialmente ni reuniones de su Junta Directiva ni de la Asamblea de la asociación". Del mismo modo, su letrado alegaba que Tejeiro no perteneció a comité ejecutivo alguno del Grupo Nóos, "cuya existencia hasta desconoce".

"Su vida profesional se desarrolló al margen de esa asociación y demás mercantiles, sin intervención alguna en la actividad que desarrollaban", incidía el abogado, de tal modo que "pese a su condición de licenciado en Derecho no asesoró ni conoció la condición contractual" del Instituto con las Administraciones públicas, de las que Nóos cobró 6,2 millones de euros, la mayor parte de cuyo destino fue presuntamente desviado a las empresas de Urdangarin y Torres.

Según recordaba, "con idéntico carácter formal y 'ad honorem'" fue designado secretario de la Fundación Areté, en la que no acometió actividad alguna, y secretario no patrono de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, considerada por los investigadores sucesora del Instituto Nóos.

En este contexto, afirmaba en su escrito que la asociación y el conglomerado de sociedades confiaron la gestoría fiscal, laboral y contable al Bufete Medina-Tejeiro, al que pertenecía. En relación al ámbito contable, señala que "no intervenía materialmente" en él y que la función "se limita y constriñe a la pura introducción mecánica del ingreso y gasto a partir de los soportes girados de facturas recibidas y emitidas".

El juicio del caso Nóos se reanudará el próximo día 9 y hasta entonces los acusados pueden alcanzar pactos con las acusaciones que conllevarían el reconocimiento de los delitos cometidos y la devolución de los fondos supuestamente defraudados. Este hecho reduciría notablemente la duración de la vista oral, cuya finalización está prevista para el 30 de junio.