El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha aprobado una resolución en la que insta a la RTVA a arbitrar todas las medidas que estén a su alcance para garantizar la continuidad del servicio de traducción al lenguaje de signos de su programación en los términos que establece la ley, toda vez que se encuentra suspendido desde el pasado 30 de octubre, cuando los trabajadores de la empresa que desarrolla esta función en Canal Sur 2 iniciaron una huelga indefinida.

Esta decisión del consejo se produce tras una queja recibida en la Oficina de Defensa de la Audiencia presentada por la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas, en la que denunciaron la supresión de este servicio en el operador público andaluz, lo que incurre en un incumplimiento de la Ley 11/2011 de la Lengua de Signos aprobada por el Parlamento de Andalucía.

En su resolución, el CAA reclama un esfuerzo negociador para conciliar los derechos de las partes afectadas: por un lado, el derecho a la huelga de los trabajadores de la empresa que presta el servicio —-Seportec Traducción e Interpretación S.L.— , y por otro, el derecho de las personas sordas a la accesibilidad de los medios de comunicación públicos, recogidos también en el artículo 8 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Según un comunicado del CAA, Canal Sur TV rechazó en su escrito de alegaciones a esta queja haber eliminado dicho servicio y explicó que la suspensión obedece a la convocatoria de una huelga indefinida por parte de los trabajadores de Seportec Traducción e Interpretación iniciada el pasado 30 de octubre. Ante esta situación, alegó Canal Sur TV, cualquier medida que pudiera adoptar para reanudar el servicio podría ser constitutiva de una vulneración del derecho fundamental de los trabajadores a la huelga.

El CAA ha mostrado su preocupación por la incidencia del conflicto laboral en la empresa prestadora del servicio de interpretación del lenguaje de signos para Canal Sur 2 y que ha ocasionado la interrupción de esta actividad, lo que ha "vulnerado el derecho que tienen las personas con discapacidad auditiva de recibir información audiovisual adecuada a sus circunstancias".

En su resolución, el Consejo subraya asimismo que no le corresponde pronunciarse sobre los efectos de la falta de este servicio por una huelga o por la ausencia de unos servicios mínimos, al tiempo que sí está obligado por su Ley de Creación a velar por que se adopten las medidas necesarias que garanticen el derecho fundamental de las personas sordas a acceder a la información.

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