Los abogados del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y de otros tres ex altos cargos imputados en el caso de los ERE fraudulentos han tachado de "dilatorias" y "entorpecedoras" las pruebas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, y que han sido admitidas por la juez María Núñez Bolaños, en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, que afecta a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En tres escritos elevados al Juzgado, a los que ha tenido acceso Europa Press, los abogados del exconsejero de Empleo, del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, y de los exdirectores generales de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela, solicitan a la magistrada que deje sin efecto y "deseche" la práctica de pruebas interesada por el Ministerio Público, y admitida por auto de 27 de enero, dada su "impertinencia e innecesariedad".

En concreto, el abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, considera que las diligencias acordadas por la instructora tras la solicitud de la Fiscalía "son claramente divergentes y exceden la delimitación objetiva" acordada por la juez para la pieza del procedimiento específico, centrándose en primer lugar en la decisión de remitir a la Intervención General del Estado los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas referidos al uso de la transferencia de financiación por parte de once entidades públicas andaluzas.

"Creemos que no es relevante para la presente instrucción" que el equipo pericial de la Intervención General del Estado "cuente con tal información", por lo que esta prueba "debió ser desechada" por la juez, asevera el letrado, que dice que esta remisión de información a la Intervención "fue acordada ya" en la pieza matriz de los ERE mediante auto de 21 de diciembre de 2015, por lo que "reiterar la solicitud en esta pieza separada puede dar lugar a resoluciones cuando menos redundantes o incluso contradictorias".

Así, el abogado subraya que "tal proceder procesal sólo puede redundar en la dilación de la causa y provocar el entorpecimiento del objetivo perseguido de la más pronta finalización de la instrucción y acceso a la fase intermedia" de esta pieza, lo que "sorprende tratándose precisamente de la parte procesal que desde hace ya muchos meses vino interesando la división del procedimiento en piezas separadas y hace constantes protestas, incluso invocando para ello el 'interés social', sobre la necesidad tanto de evitar dilaciones indebidas como de agilizar al máximo el procedimiento".

En su escrito, consultado por Europa Press, el letrado del exconsejero también combate que la Fiscalía haya pedido, y la juez aceptado, que se requiera a la Junta "informe sobre expedientes tramitados relativos a ayudas previas a la jubilación (APJO) en el periodo 2000-2010, indicando solicitudes presentadas, resoluciones recaídas, importe en su caso y aplicación presupuestaria".

"Han transcurrido cinco años desde el inicio de una investigación que tuvo como hito destacado hace no demasiadas fechas la decisión de la división de la causa en piezas separadas, una de las cuales —la presente—, bien definida ya en su objeto, está llamada a ser en el corto plazo culminada su instrucción y elevada para enjuiciamiento", señala el letrado, que dice que el hecho de que "a estas alturas" se solicite "una prueba de tal dimensión y complejidad, nos sume no ya en extrañeza sino en graves dudas sobre cuáles pueden ser los designios que conducen tal clase de solicitud".

"investigación prospectiva"

Al hilo de ello, pone de manifiesto que "prueba de tal dimensión y complejidad como la que pretende el fiscal resultaría, para empezar, claramente dilatoria y entorpecedora del procedimiento", ya que "manifiestamente no se puede esperar que la Junta pueda, dentro de un espacio de tiempo asumible, localizar, ordenar, sistematizar y emitir un 'informe' sobre centenares de ayudas concedidas a lo largo de una década".

Es más, añade el abogado, "lo que nos parece más grave" es que tal diligencia probatoria, "tal y como se plantea, posibilita potencialmente una alteración en el objeto de la investigación, que claramente tiende y presenta los caracteres de una investigación prospectiva dentro de la propia instrucción", punto en el que agrega que el derecho de defensa y contradicción "no es posible frente a indagaciones que no tienen como objeto un hecho punible".

A su juicio, "tal clase de actuaciones dan lugar a una pena de sumisión con efectos gravísimos sobre imputados que no lo son ya por hechos que no se revelan siquiera punibles, sino meras especulaciones o posibilidades, cuyo riesgo no se elude con el cambio de denominación de imputado por investigado", por lo que reclama a la juez que "deje sin efecto y deseche" la práctica de las pruebas planteadas por la Fiscalía y aceptadas por auto de 27 de julio.

"cuello de botella"

De su lado, el abogado del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, Juan Carlos Alférez, ha presentado un escrito en el que considera que, "si lo que verdaderamente se pretende es desbloquear la situación de impase, estancamiento y cuello de botella" en que el caso ERE "se ha convertido", todas las partes "necesitan un primer, rápido y pronto enjuiciamiento del procedimiento como único modo y manera de avanzar sin mermar los más elementales y fundamentales derechos de los cientos de investigados que padecen el rigor procesal de la situación actual".

En su escrito, consultado por Europa Press, el letrado critica la "incomprensible petición de diligencias previas" por parte de la Fiscalía, "que en lugar de pretender agilizar la instrucción, de facto, le confiere un frenazo injustificado que nos aleja a todos del verdadero objetivo por el que la división fue acordada".

"No apreciamos razón de ser, ni utilidad, ni la menor conexión de las diligencias que los fiscales instan con el objeto de la causa, y por ello, y a los efectos de descartar que nos hallemos ante un intento de frenar la instrucción por razones sobrevenidas que podamos desconocer", reclama que "le sean reveladas las verdaderas intenciones por las cuales los fiscales instan unas diligencias que al menor aparentemente están completamente desconectadas del objeto" de la pieza, dice Alférez.

"DUPLICACIÓN"

El letrado, al hilo, expresa "la situación de desasosiego procesal de quien asiste atónito a una situación que ya no comprende, que se escapa a todas las reglas de la lógica, que por un lado se nos dice que hay que dividir, correr y celebrar pronto juicio de procedimiento específico, pero por otro lado se actúa en sentido justo y diametralmente opuesto".

Por último, el abogado de Pablo Millán y Juan Vela, Antonio J. Uceda, expone en un escrito su preocupación por el hecho de que, "por la vía de la introducción de diligencias de prueba que claramente exceden el objeto de las presentes diligencias previas, se desvirtúe el contenido y la finalidad de la división inicialmente acordada en el procedimiento".

"Si el propio Ministerio Fiscal ha venido promoviendo la división de la causa para agilizar su tramitación, no entendemos qué circunstancias concurren ahora para que, en lugar de permitir la ágil tramitación de las presentes diligencias previas para que pueda haber un pronunciamiento sobre el denominado procedimiento específico, se proponga ahora realizar toda una batería de diligencias que, en realidad, supondrían una duplicación" de la causa matriz, advierte el letrado.

A su juicio, "lo que debe rechazarse es crear una multitud de procedimientos que, en realidad, tengan un mismo objeto, produciendo una enorme confusión y vulnerando gravemente el derecho de defensa, pues se estarían analizando las mismas cuestiones en varios procedimientos distintos".