La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a Carmen Isabel R.S. a siete años y medio de cárcel por estafar más de 650.000 euros a nueve personas, a las que engañó valiéndose de su condición de perito judicial. Asimismo, tendrá que devolver las cantidades defraudadas más intereses y abonar una multa de 4.500 euros.

De este modo, el tribunal la hace responsable de un delito continuado de estafa agravada con la agravante de reincidencia, pues ya había sido condenada hasta tres veces en el pasado por dos delitos de estafa y uno de apropiación indebida.

En los hechos probados, la Audiencia señala que la ahora condenada "urdió una trama" para hacer creer a los perjudicados que "era una persona solvente, experta y conocida profesional en el mundo de las subastas judiciales", donde tenía "buenos contactos" y podía ofrecer a los inversores "una gran y rápida rentabilidad" de su dinero.

Así, indica que esta "trama" estuvo vigente "desde junio de 2011 a mayo de 2012", tiempo durante el cual el dinero entregado por las víctimas —y documentado en actas notariales— no fue objeto de "ninguna operación". "La acusada no llevó a cabo gestión alguna, sino que hizo suyas las cantidades que le fueron entregadas", aprecia el tribunal.

Las cuantías estafadas, según quedó patente en el juicio celebrado el pasado mes de diciembre, oscilan entre los 12.000 euros a un hombre fallecido en 2013 y los 335.410 euros obtenidos de otro varón, repartidas en un total de cinco entregas entre junio y octubre de 2011.

No admite la versión de la condenada

Con su fallo, la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado totalmente la versión ofrecida por Carmen Isabel R.S. de que el retraso en la devolución de los fondos se debía a la tardanza en las ventas de los "subasteros", a quiénes se negó a identificar apelando al "código deontológico".

Tampoco asume por completo la petición del Ministerio Fiscal, que reclamó nueve años de prisión por los delitos de apropiación indebida y estafa, acompañados de una multa de 5.400 euros; ni la de la acusación particular, que llegó a solicitar 12 años de cárcel y unos 8.400 euros.