El PNV aprobará el próximo mes de febrero su documento político, titulado 'Batasuna eta Indarra', en el que propone una formulación del Estado a través de derecho de autodeterminación. El texto, que marcará la hoja de ruta de la formación jeltzale para los próximos cuatro años, en los que Andoni Ortuzar continuará como presidente del EBB, define "una segunda transición" para Euskadi con el objetivo de lograr una nueva relación con el Estado español con un nuevo estatus basado "en el reconocimiento de la nación vasca, la bilateralidad y el derecho a decidir".

Según informa el diario 'Deia' en su edición de este domingo, a falta de la discusión final de las enmiendas al documento político enviado a las bases, el PNV tiene prácticamente trazado su itinerario político hasta el año 2020, que pasa por conseguir una segunda transición para Euskadi, tal como destaca el borrador propuesto por la Ejecutiva nacional y remitido el pasado mes de noviembre a todas las juntas municipales que aglutinan a los 30.000 afiliados del partido para su discusión.

Los militantes ya han presentado unas 350 enmiendas y correcciones al texto para su debate el 13 de febrero y la posterior aprobación del documento definitivo en la Asamblea General de Pamplona que se celebrará dentro de dos semanas.

El escrito actualiza el ideario del PNV y expone las líneas políticas básicas para los próximos años en materia de autogobierno. Además, sostiene que Euskadi se encuentra en una "nueva encrucijada" tras dar por agotado el Estatuto de Gernika, al que reconoce sus grandes aportaciones para el autogobierno y el desarrollo del país.

Por esta razón, precisa que el nuevo estatus debe cimentarse "apoyándose en lo ya construido". Además, señala que el Estado español "debe hacer frente a una nueva transición" provocada por el final de una manera de hacer política basada en las mayorías absolutas.

Derecho de autodeterminación

Esa reformulación del Estado se producirá, según explica el documento, mediante una reforma constitucional en la que el PNV "volverá a presentar la iniciativa de modificación que registró en agosto de 2011 en base al reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco", o bien profundizando en los derechos históricos y reconociendo "la realidad jurídica-política originaria propia y preconstitucional de los territorios que conforman Euskal Herria".

Los puntos de partida hacia un nuevo estatus para Euskadi son el Estatuto Político para Euskadi aprobado por mayoría absoluta por el Parlamento Vasco en 2004 durante el mandato del lehendakari Juan José Ibarretxe y los acuerdos políticos de Loiola, en 2006.

Sobre las bases de ambas experiencias, y detectadas sus virtudes y sus carencias de cara a lograr un consenso lo suficientemente amplio, los jeltzales se marcan el objetivo de buscar "un acuerdo integrador que haga posible un nuevo marco jurídico-político".

Tanto el denominado Plan Ibarretxe como los acuerdos de Loiola compartían unos presupuestos que el PNV incorpora a su documento político, entre los que figura el reconocimiento de que la sociedad vasca está conformada por "identidades plurales" que deben convivir en respeto mutuo y que los ciudadanos de Euskadi conforman un "pueblo con derecho y capacidad para decidir sobre su futuro, a ser consultado y a que su voluntad sea respetada".

El borrador del documento perfila los aspectos que debe contener el nuevo estatus, como "el reconocimiento nacional de Euskadi, reconocimiento del derecho a decidir, de los ámbitos de decisión, de la libre adhesión, de los órganos de arbitraje y de la representación en Europa".

Para la formación liderada por Andoni Ortuzar, la necesidad de una segunda transición para Euskadi es fruto del "agotamiento" del Estatuto vasco actual, así como de "la incapacidad" del Estado español de aceptar las realidades nacionales vasca, catalana y también "en cierta medida" la gallega, que obliga a un "cambio de ciclo".

La búsqueda de un punto de encuentro que suscite un acuerdo integrador no pasa, a juicio de los jeltzales, por una solución federal como la que abandera el Partido Socialista, ya que "no sirve si los elementos federados son las comunidades autónomas hoy existentes", y lo razona en que Euskadi "no es una simple comunidad autónoma, y ello deben quedar claro en un futuro acuerdo político con el Estado".

BILATERALIDAD

Los jeltzales insisten, en su texto, en la necesidad de la bilateralidad en la relación con el Estado, como garantía de que el nuevo pacto va a ser cumplido, y reitera su rechazo al Tribunal Constitucional como "árbitro neutral", que, a su juicio, no ha sido tal.

Para los casos en que la parte vasca y la del Estado no encuentran un consenso, propone crear un órgano especial de arbitraje "en el que sus miembros fueron designados a mitades por ambas partes".

Asimismo, el documento destaca el reconocimiento del carácter de "nación" no es suficiente y debe ir acompañado de "determinada simbología y reconocimiento externo". De este modo, hace mención a la presencia en algunos foros internacionales como la Unesco o a la participación de las selecciones nacionales vascas en todos los ámbitos deportivos.

Sobre una unidad estratégica con otros partidos abertzales, el PNV considera que, superado el tiempo de la violencia, "es imprescindible que las formaciones políticas que creen en el sujeto político pueblo vasco y su derecho a decidir compartan una estrategia en base a un suelo ético-democrático, unos objetivos mínimos y los ritmos de los procesos que conduzcan al logro de esos objetivos".