El grupo parlamentario de IULV-CA ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara andaluza por la que pide instar a la Junta de Andalucía a buscar la fórmula que sea más adecuada con los ayuntamientos andaluces para que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no se repercuta sobre familias en exclusión social que viven en viviendas sociales.

En la iniciativa de la formación de izquierdas, recogida por Europa Press, y que será debatida en la Comisión de Fomento y Vivienda, el grupo propone que esa fórmula se materialice por la vía de las bonificaciones y/o por cambios normativos.

Según expone IU en la PNL, el importante incremento de impuestos de los últimos años, tanto del Estado central, como de los impuestos y tasas municipales, "están llevando al límite a muchas familias instaladas en la pobreza y la exclusión social, que son adjudicatarias de algunos de los distintos tipos de viviendas sociales de las diferentes administraciones, muchas de estas familias ni cuenta con ningún tipo de ingreso, su nivel de renta es muy bajo, no tienen capacidad económica y no llegan a fin de mes".

Además, incide en que en el caso de las viviendas sociales propiedad de la actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la antigua Empresa Pública de Suelo de la Junta de Andalucía (EPSA), "ésta no tributó por el IBI hasta el segundo plazo del año 2010, con anterioridad a esa fecha no habían abonado este impuesto, según datos municipales".

El caso es que, siguiendo con el ejemplo, prosigue IU, la propietaria de las viviendas sociales es la AVRA pero, a partir de 2011 son los inquilinos de estas viviendas sociales, familias con escasos recursos y situación de exclusión social, quienes están abonando el IBI.

Y advierte de que esto se une "a los problemas que ya de por sí tiene este colectivo de familias y estos núcleos de viviendas sociales, con numerosos déficits y de cuestiones primera necesidad", entre los que ha mencionado los núcleos de viviendas sociales en proceso de deterioro y con graves problemas; el deterioro urbanístico y fuertes déficit de equipamientos y servicios públicos; la inseguridad ciudadana; el déficit educativo e instructivos básicos, o los elevados índices de paro, entre otros.

Además, apunta IU que en esta circunstancia también influye la percepción que estas familias tienen respecto a la falta de atención que se les presta por parte de todas las administraciones, "el abandono que sienten y el maltrato en cuestiones que son tan básicas e importantes como los impuestos, cuando no cuentan de los mismos servicios públicos, equipamientos, infraestructuras, para no sentirse personas de inferior categoría a las de otros barrios".