El Grupo de Podemos defenderá el próximo miércoles una proposición no de Ley en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz en la que urge a la Junta a firmar el convenio por el que se destinarían a uso social 850 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado "banco malo".

En la iniciativa, consultada por Europa Press, la formación 'morada' asegura que el citado convenio tenía que haberse formalizado en 2015, pero "por circunstancias que se desconocen aún está por cerrar", por lo que reclama que sea suscrito en el primer semestre de este año.

El portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, Juan Antonio Gil, ha puesto de manifiesto que "hasta el momento el Consejo de Gobierno sólo ha manifestado buenas intenciones, pero la realidad es que aún hay cientos de familias con necesidades inmediatas de vivienda que están esperando una actuación eficaz de la Junta de Andalucía".

A su juicio, ante una "emergencia social de esta gravedad, hay que actuar y dejarse de palabras para la galería". En este sentido, la proposición no de ley recuerda en su exposición de motivos que "Andalucía sigue liderando la cifra de desahucios en España, con el 24 por ciento del total de desalojos producidos".

Según Podemos, se trata de un hecho "más sangrante aún si se tienen en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales, el 77,6 por ciento de los desahucios registrados en 2014 lo fueron de la vivienda habitual, lo que traducido quiere decir que se dejó a miles de familias sin hogar".

Podemos ha recordado que en septiembre de 2015, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, se reunió con el presidente de la Sareb para impulsar el convenio y anunció que se verían resultados antes del final de 2015, y, sin embargo, "no ha sido así, mientras comunidades como Cataluña, Galicia, Aragón y País Vasco ya han firmado acuerdos similares".

Podemos ha propuesto firmar ya el convenio, además de iniciar la redacción del reglamento y la tramitación necesaria para el uso y cesión de las 850 viviendas, de forma que puedan ser puestas a disposición inmediata de las familias que las requieran. Ha añadido que se establecería un alquiler social a razón de tres euros el metro cuadrado, de forma que una vivienda tipo de 50 metros cuadrados supondría un alquiler de 150 euros mensuales.