El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves, 28 de enero, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad autónoma con el apoyo de PSOE, CHA, Podemos e IU, en el caso de estas dos últimas formaciones con el rechazo a alguno de los artículos, mientras que PP, PAR y Ciudadanos se ha mostrado contrarios a varios de ellos.

El proyecto de ley recibió 147 enmiendas parciales —43 del PP, 24 del PSOE, 16 de Podemos, 23 del PAR, 15 de Ciudadanos y 2 presentadas conjuntamente por PSOE y Grupo Mixto, este último integrado por CHA e IU—.

De ellas, 23 han sido retiradas durante la tramitación, 85 aprobadas —28 de ellas por transacciones—, el 68,5 por ciento, y 39 rechazadas, manteniéndose para el pleno 11 votos particulares y nueve enmiendas. El coordinador de la ponencia, el diputado del PSOE Alfredo Sancho, ha subrayado que "ha prevalecido el ánimo de negociación para llegar a acuerdos".

Según ha explicado, la ley introduce "modificaciones en más de 28 normas autonómicas" y está dividida en dos bloques, uno con medidas fiscales y otro, administrativas, incluyendo la adaptación a normativa europea y estatal.

Además, ha precisado que se introducen "nuevas deducciones" en los impuestos de transmisiones patrimoniales, sucesiones y de la Renta. Respecto al Impuestos sobre la Contaminación de las Aguas, "se ha llegado a un acuerdo para aplicarlo con reducción, tanto en la capital, como en los municipios que no tienen depuración".

Igualmente, se ha admitido bajar de 11 a 10 los domingos y festivos de apertura comercial, y se reconoce el aragonés y el catalán "como lenguas y modalidades lingüísticas propias", ampliando, por otra parte, a 12 meses la contratación de las cuadrillas forestales.

Defectos importantes

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha sostenido que si bien se han recogido aportaciones de su grupo, la ley "adolece de defectos importantes", como la subidas de tasas "en los tramos medios, pero no a los de arriba", algo que supone "apretar más a los aragoneses", y el compromiso de creación de un impuesto sobre depósitos bancarios "que es inconstitucional porque no se puede gravar en Aragón".

También ha considerado contraria a la Constitución la mención a la programación universitaria para evitar duplicidades "porque atenta contra la autonomía" de estas instituciones, y "seguimos reivindicando la supresión del impuesto al transporte por cable" que grava a las estaciones de esquí, mientras que el aragonés y el catalán "no podrán tener el tratamiento de lenguas cooficiales" a pesar de la mención que aparece en este ley.

La parlamentaria de Podemos, Violeta Barba, ha reconocido que "nos quedamos con sabor agridulce" ya que si bien "hemos conseguido aumentar el control parlamentario en el nombramiento de los altos cargos de los entes públicos", "controles medioambientales" y "estabilidad laboral de las cuadrillas forestales", se produce una "injusticia fiscal" con el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas.

Según ha dicho, "el sistema de bonificaciones ha sido aprobado por todos, salvo por Podemos", fijado en el 70 por ciento en 2016 a la ciudad de Zaragoza y el 80 a los municipios de menos de 200 habitantes que no tienen depuración y en el 60 y 75 por ciento, respectivamente, a partir de 2017, mientras que Podemos reclama la exención del 99 por ciento a la ciudad de Zaragoza "y al resto de municipios que han pagado su propia depuradora" ya que en estos lugares supondrá "duplicar el pago de la factura".

Congelar tasas

La diputada del PAR, Elena Allué, ha manifestado que han sido aceptadas varias de sus propuestas, si bien no han sido apoyadas aquellas que pretendía "congelar" tasas que crecen "desproporcionadamente" en esta ley porque queríamos "ayudar a las empresa y no ponerles más palos en las ruedas" y lograr "la simplificación administrativa para mayor eficiencia".

El diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, se ha felicitado por la moratoria en 2016 al impuesto de la nieve "que permite que el Gobierno reconsidere su posición para un sector estratégico" al que le resultaría "demoledor" de aplicarse, mientras que han mantenido sus votos particulares "sobre la forma que debe realizarse la programación en el ámbito universitario" ya que se recoge una "injerencia incomprensible e ilegal".

El parlamentario de CHA, Gregorio Briz, uno de los dos partidos que sostiene al Ejecutivo autonómico, ha subrayado mejoras de esta ley, como "reconocer como lenguas el aragonés y el catalán", que se incluya el compromiso de presentar una ley de la comarca o del área metropolitana de Zaragoza, a la vez que se presenta la ley de Capitalidad, y partidas para esta última, así como la reducción de tasas para la expedición de títulos académicos y "que no haya duplicidad de títulos entre los campos públicos y privados".

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha abogado por la supresión o exención al 99 por ciento del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas para Zaragoza, que se debería "consensuar" con el Ayuntamiento de la capital y ha reclamado una auditoria del Instituto Aragonés del Agua para conocer "qué ha pasado con el plan aragonés de saneamiento", además de apoyar la reducción de 11 a 10 los días de apertura comercial en domingos o festivos, aunque ha defendido "su eliminación" total.