El juicio del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) que estaba previsto que comenzase este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, por el que se sientan en el banquillo cinco acusados de alzamiento de bienes por vaciar el grupo de su patrimonio, ha sido suspendido hasta el mes de mayo por faltar uno de los acusados.

En una vista celebrada este miércoles, el Tribunal ha manifestado que el acusado que falta, Enrique Fidel T.H., no ha podido ser localizado y, de hecho, contra él constan en vigor sendas órdenes de búsqueda y captura emitidas por un juzgado de instrucción y la Audiencia Provincial de Valencia.

Ante estos hechos, el fiscal ha manifestado que no es posible iniciar el juicio, que estaba previsto para este miércoles, jueves y viernes, y ha reclamado a la Sala que se pida una requisitoria para la localización del "prófugo" para su citación al juicio oral. En caso contrario, solicita que se le declare en rebeldía y se continúe el proceso enjuiciando al resto de acusados.

A continuación, el Tribunal ha acordado la suspensión del juicio y hacer un llamamiento por requisitoria al hombre ausente, tras lo que ha fijado el nuevo señalamiento para la vista para los próximos días 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio.

La Fiscalía considera que cuatro acusados, además de Enrique Fidel T.H., los hermanos Mariano y Francisco J.A. —que ejercen su propia defensa— y José Orozco R.M., fueron autores de un supuesto delito de alzamiento de bienes, y pide para cada uno de ellos tres años de cárcel y multa de 15.000 euros.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce un grupo de trabajadores al margen de los sindicatos y del comité de empresa, también sostiene la acusación contra estas cuatro personas, así como contra una quinta persona, Vicente M., un sindicalista de la UGT valenciana.

Hechos enjuiciados

Los hechos que se enjuician se remontan a principios de los años 90, cuando el Instituto Nacional de Industria (INI) vendió GEA a la sociedad valenciana Estudesa, cuyos responsables "concibieron la idea de obtener un beneficio patrimonial ilícito" transfiriendo patrimonio de GEA a Estudesa y a otra sociedad de la que era accionista, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Para ello, fundaron Vanosa en 1993, una firma cuyo capital era la finca del grupo en la parroquia viguesa de Cabral. Usando esa finca como garantía hipotecaria, solicitaron al Banco Exterior un crédito de 450 millones de las antiguas pesetas (2,7 millones de euros) que luego no devolvieron, por lo que la entidad financiera se quedó con los terrenos.

En 1996, los responsables de Estudesa vendieron el grupo a otro empresario valenciano, Enrique Fidel T.H., con el que llegaron a un acuerdo para que no hubiera reclamaciones mutuas de deuda entre Estudesa y GEA.

"que la paguen"

El portavoz del grupo de trabajadores que ejerce como acusación particular, Ricardo Domínguez, ha señalado en declaraciones a los medios previamente a la celebración de la vista, que en este juicio "se van a dilucidar dos de las muchas cuestiones que llevaron a esta empresa a la quiebra" y ha manifestado que lo que piden los empleados es "que al menos el que la haya hecho que la pague".

"El daño que nos hicieron a los trabajadores es inmenso", ha asegurado, a colación de lo que ha mencionado que, a consecuencia de la quiebra del grupo, algunos de los empleados perdieron sus viviendas, rompieron sus matrimonios y algunos incluso tuvieron que ejercer la prostitución y la mendicidad.

Domínguez, que ha criticado que la acusación la tengan que ejercer trabajadores "al margen de los sindicatos y el comité de empresa" y que ha aseverado que por denunciar les "persiguieron, acosaron, insultaron y hasta —les— pegaron", ha remarcado que aunque hay cinco personas sentadas en el banquillo de los acusados, en esta "operación" hay "mucha más gente detrás".

Trabajadores "engañados"

Según su versión, todo lo ocurrido comenzó "con un sindicalista de la UGT de Valencia que, con dos amiguetes —los hermanos—, se hicieron con GEA" y con una serie de empresas con el objetivo no de "llevar la fábrica adelante", sino de "poder sacar mucho dinero, utilizando a los trabajadores como carne de cañón".

Así, ha recalcado que los empleados, "engañados", hicieron huelgas, paros y presionaron a la Xunta y al Gobierno "para que soltaran dinero a fondo perdido". "Pero eso no entraba en las arcas de GEA, si hubiera entrado estaría trabajando ahora y si no está es porque la han llevado a la quiebra fraudulentamente", ha sentenciado.

El portavoz ha recordado que los trabajadores protagonizaron "una lucha de 20 años tratando de evitar que la fábrica cerrara" y conseguir "que los puestos de trabajo continuaran en Vigo", y por ello sufrieron "10 años de penurias, de estar cobrando un mes el 15% de una nómina, dos meses después un 10% de otra, tres meses sin cobrar, otro mes un 10% de otra nómina. Así durante 10 años".

Además, ha incidido en que los empleados tampoco podían pedir la liquidación y marcharse porque existía "un acuerdo entre el comité y la dirección, por la que ningún trabajador podía pedir la rescisión de contrato por impago de salarios".

"No quedaba más remedio que estar allí trabajando sin cobrar o cobrando malamente de vez en cuando, y los trabajadores tenemos deudas de entre 10 y 12 millones per cápita", ha asegurado, antes de concluir que "esto agota y mata a todos los trabajadores que lo han tenido que sufrir".

Del éxito a la quiebra

El grupo GEA, creado en los años 20 por un ourensano retornado de Cuba, llegó a tener más de 5.000 empleados, cinco plantas de producción y más de 30 puntos de venta en toda España, especializados en loza, porcelana, vidrio y cerámica.

Empresas Álvarez entró en crisis a mediados de los años 70, debido a la acumulación de deudas, la mala gestión y la competencia de otras empresas. En 1976 pasó a manos del INI y, en los 20 años siguientes, fue cambiando de dueños sin que su situación económica mejorase, sino todo lo contrario.

Las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, la incertidumbre sobre su futuro y las protestas de los trabajadores, muchos de los cuales fueron despedidos, desembocaron en lo inevitable: GEA entró en suspensión de pagos en 1997. La producción se mantuvo, no obstante, hasta octubre de 2001, pero esta industria nunca recuperó sus niveles de producción, facturación y empleo.

Los exempleados de GEA se reunieron en varios grupos y lograron hacerse con los terrenos de la empresa en subasta judicial. Posteriormente, cada uno de los tres grupos constituidos vendió la parte del patrimonio que le había correspondido a una promotora inmobiliaria distinta.

El pago por esas fincas también ha estado rodeado de polémica e inmerso en procesos judiciales, ya que los terrenos se abonaron como suelo industrial, y el Plan General de 2008 los recalificó para uso residencial. Los trabajadores reclaman que se les pague la diferencia de valor.