El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha anunciado este martes que implantará una tasa para "resarcirse parcialmente" de los gastos extraordinarios en los que incurre la Administración local "por causa directa del comercio transfronterizo del bulto", cuyos costes anuales se estiman en unos seis millones de euros sin contar los generados por la presencia permanente de las Fuerzas de Seguridad del Estado en los polígonos anexos al paso del Tarajal.

Según ha apuntado el Ejecutivo autonómico en un comunicado a los medios, "alternativamente", en el caso de que no fuera factible ese nuevo tributo, se revisará el tipo de gravamen del IPSI —el impuesto indirecto local equivalente al IVA tipos reducidos— a la importación "para determinado tipo de mercancías, concretamente la denominada prendería".

Vivas se ha reunido este martes con los portavoces de los grupos de la oposición en la Asamblea para darles cuenta de los acuerdos alcanzados por la Delegación del Gobierno para "limitar el número de porteadores, separar su tránsito del paso fronterizo ordinario para personas y vehículos, reprimir el fraude en cualquiera de sus manifestaciones e impedir la utilización de bultos o fardos de tamaño desproporcionado".

Ambas instituciones han pactado que, "en coordinación con las autoridades marroquíes", se "regulará" el flujo de porteadores del país vecino dedicados a la introducción de todo tipo de mercancías en el Reino alauita al margen de cualquier control aduanero.

En abril, con dos años de demora sobre los plazos inicialmente establecidos, está previsto que funcione "a pleno rendimiento" el 'Tarajal II', un nuevo paso específico para esos trabajadores, y se clausurará el puente del Biutz, un paso enrejado abierto en 2005 como canal exclusivo de salida con fardos hacia Marruecos en horario matutino que está casi permanentemente colapsado.

A partir de entonces los bultos de mayor tamaño tendrán la consideración de "expediciones comerciales" para aplicar la normativa fiscal y la intervención de los Servicios de Inspección. De manera "selectiva" se efectuará un seguimiento de las mercancías desembarcadas en el Puerto "para comprobar si llegan a un establecimiento con el preceptivo permiso para el ejercicio de la actividad" y se retendrán aquellas que tengan por destino "un almacén o establecimiento cuyo cierre se haya decretado".