El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha mantenido este martes una conversación telefónica con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para reiterarle la oposición del Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC) a la pretendida aplicación del Impuesto de Contaminación del Agua (ICA) a los ciudadanos, lo que supondría un agravio comparativo con el resto de municipios de Aragón y triplicar el actual recibo que pagan los vecinos de la capital aragonesa.

Lambán se ha comprometido con el alcalde a concertar una reunión bilateral para la semana próxima, en la que se abordarán los temas pendientes de negociación entre ambas instituciones, entre ellos la deuda del tranvía, la Ley de Capitalidad, las competencias impropias que está asumiendo el Ayuntamiento o la dotación presupuestaria para completar el sellado del antiguo vertedero.

En todo caso, Santisteve ha incidido en que el asunto del ICA "debe ser tratado" en el conjunto de todas los asuntos sin solucionar que aún quedan entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento, y no como algo aislado, ha precisado el Consistorio de Zaragoza en una nota de prensa.

El Gobierno municipal ha exigido públicamente una moratoria en la aplicación de este impuesto a Zaragoza similar, al menos, a la concedida a las estaciones de esquí. "No podemos permitir este agravio hacia los ciudadanos de Zaragoza, que ya han pagado sin ayuda exterior, desde 1995, un total aproximado de 324 millones de euros en inversiones de instalaciones de depuración y otras relacionadas con estas infraestructuras", ha recordado Santisteve.

últimas consecuencias

Tal y como ha indicado en su momento la concejala delegada de Medio Ambiente Teresa Artigas, "la repercusión del ICA sobre el bolsillo de los zaragozanos resulta, en muchos casos, absolutamente desproporcionada y sangrante. Los cálculos realizados avalan de manera clara cómo afectaría dicho impuesto, sobre todo, a las familias más desfavorecidas".

El Gobierno de Zaragoza está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, hasta las de carácter jurídico, para intentar evitar la aplicación del ICA en la ciudad, incluso con la anunciada bonificación del 70 por ciento. Asimismo, cuestiona el hecho de que sea una empresa privada la encargada de realizar la gestión del hipotético cobro, accediendo para ello a datos particulares de los ciudadanos.

El Gobierno de Zaragoza ha recalcado que este problema no se resolverá definitivamente mientras no se conozca el resultado de la auditoria sobre las cuentas del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y tras abordar la revisión del Plan de Depuración de Aguas de Aragón. Finalmente, el Gobierno de Zaragoza mantiene su exigencia de que este debate se aborde con total transparencia y contando con la opinión de la ciudadanía.