El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, se ha mostrado "satisfecho" con la sentencia del Tribunal Supremo que condena a dos años de prisión y multa al capitán del Prestige , Apostolos Mangouras, por un delito imprudente contra el medio ambiente en su modalidad agravada de deterioro catastrófico derivado del vertido en las costas gallegas en 2002.

La resolución abre la puerta a la responsabilidad civil directa de las aseguradoras, que asciende a cifras millonarias, y que había sido obviada por la Audiencia Provincial de A Coruña que juzgó los hechos. Aunque la cantidad exacta la deberá fijar ahora la Audiencia, la Fiscalía la había cifrado en 4.328 millones de euros.

En declaraciones a Europa Press, el fiscal de Medio Ambiente de Galicia se ha mostrado cauteloso a la hora de emitir una valoración hasta no leer, en su totalidad, el contenido del fallo. Con todo, ha destacado que recoge "algunas de las pretensiones" planteadas por el Ministerio Público en su recurso.

En concreto, ha remarcado el que abra "la vía" de la responsabilidad civil. Por el contrario, ha restado importancia al hecho de que no se tenga en cuenta la petición de la Fiscalía de que se anulase la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que condenó al capitán por delito de desobediencia y no por delito contra el medio ambiente.

"Se trata de una estrategia procesal", ha dicho tras precisar que el recurso de casación admite "pocas cosas" desde el punto de vista procesal.

Álvaro García Ortiz, que no ha querido valorar en términos de "victoria" para la Fiscalía el fallo del Tribunal Supremo, ha admitido, no obstante, que una sentencia de estas características 13 años después de la catástrofe debe invitar a la reflexión. "Lo que debemos hacer todos para que la justicia funcione más rápidamente", ha indicado.