El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha defendido, en su declaración como investigado ante el juez, que los contratos que el Ayuntamiento firmó con la empresa Inipro para potenciar el asociacionismo entre inmigrantes "estaban dentro de la legalidad".

En declaraciones a los medios a la puerta del Palau de Justícia de Tarragona, y tras declarar cerca de tres horas ante el juez, Ballesteros ha dicho que estos contratos no solamente eran legales, sino también "necesarios".

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona, Joaquín Elías Gadea, le había llamado a declarar al no entender por qué "no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de ilegalidad", según recogió en el auto de citación.

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