La diputada del BNG Ana Pontón ha urgido que se ponga "punto final" a la política "fracasada" del PP de "discriminación evidente" del idioma gallego, como necesidad para abrir una "nueva etapa" en la que no se produzca el "incumplimiento de la legalidad" en materia de normalización lingüística.

En rueda de prensa, la nacionalista se ha referido así al cuarto informe del Comité de Expertos del Consejo de Europa para la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, que considera que los límites que establece el decreto del plurilingüismo para el uso de los idiomas en la enseñanza están "claramente en contradicción" con los compromisos escogidos por el Gobierno al adherirse al citado acuerdo.

Pontón ha visto "muy claro" que el PP está "instalado en la mentira permanente", y que sus políticas en este campo van "en contra de los intereses de este país".

Así, por la "enmienda a la totalidad" que a su juicio supone el informe del Consejo de Europa al respecto de las políticas populares, la parlamentaria ha exigido el inicio de una "nueva etapa" que, en su opinión, debe basarse en "tres principios".

Estos requisitos, según ha enumerado, son que "la Xunta y el PP tienen que reconocer la situación de desigualdad y desequilibrio" que afronta la lengua propia de Galicia; que también deben reconocer "el derecho a vivir en gallego" y en contra de la discriminación por su uso; y por último que expresen su "voluntad para rectificar" en cuanto a los "obstáculos" existentes en este ámbito, como el mencionado decreto del plurilingüismo.

Contra la "marginalidad"

De hecho, el Bloque reclama la elaboración de "un nuevo decreto que regule la presencia del gallego en la enseñanza", toda vez que el Consejo de Europa "llama la atención" acerca del "impacto muy negativo" que el vigente supone para el idioma propio de la comunidad.

En este sentido, Ana Pontón ha avisado de que la introducción de otros idiomas en la educación "no puede ir en detrimento" de la lengua propia de Galicia, y ha visto el documento del Consejo de Europa en la línea del "discurso de fondo" de entidades como Queremos Galego, la Real Academia Galega y el Consello da Cultura.

Además de en contra de la "situación de marginalidad" a la que el decreto del plurilingüismo relega al gallego, la diputada ha mostrado su oposición a las "dificultades" para emplearlo en espacios como la justicia, las administraciones, los servicios públicos y la banca.

También ha recordado su interés por promover una evaluación del "impacto" del decreto del plurilingüismo, algo a lo que, ha dicho, el PP "votó en contra", mientras ahora "expertos señalan", precisamente, que "no hay evaluación". "Si no se hace es porque el PP sabe que va en contra del gallego, y no quieren datos que describan lo que está provocando", ha apostillado.