El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado este lunes que han detectado irregularidades en la adjudicación, el pasado verano, por procedimiento de emergencia del contrato de señalización horizontal de las calzadas cuyo aglomerado asfáltico se había renovado y que fue en primer lugar anulado pero finalmente se asignó a la empresa a la que se iba adjudicar inicialmente.

El presidente del Grupo del PP, José Antonio Martínez Bermejo, y el portavoz, Jesús Enríquez, han explicado lo que, a su juicio, "pudiera suponer una ilegalidad", ya que "así lo declaran sendos informes de la Intervención municipal". Además, han señalado que el segundo contrato que finalmente sirvió para adjudicar las obras superó en un 20 por ciento —8.160 euros— al primero.

A juicio de Martínez Bermejo, se trata de un contrato "nulo, viciado de defecto legal" y sería necesaria la anulación del mismo para no incumplir la legalidad. "No había emergencia, hubo un retraso injustificable en la actuación del Gobierno sobre la resolución del contrato principal que ha causado perjuicios al Ayuntamiento y un mayor coste a los ciudadanos de Valladolid", ha aseverado.

El contrato "principal" al que se refiere el PP es el de señalización general de las vías públicas de la ciudad, cuya licitación había iniciado el anterior equipo de Gobierno del PP y que, cuando el Ejecutivo liderado por Óscar Puente llegó al gobierno en junio de 2015, se encontraba en una fase final del proceso, a falta de la celebración de la mesa de negociación y con propuesta de adjudicación a la empresa API, según ha asegurado posteriormente el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia.

El PP asegura que el edil de Valladolid Toma asegura que se celebraron todas las mesas de contratación y se llegó a proponer una empresa para la adjudicación del lote de señalización horizontal y otra para la vertical. La primera fue firmada por el propio Saravia en julio de 2015, pero aunque inicialmente se iba a autorizar en una Junta de Gobierno, quedó retirada del orden del día.

Martínez Bermejo ha asegurado en primer lugar que desconocen el motivo de la suspensión del proceso de adjudicación, pero posteriormente ha explicado que les consta sólo que el alcalde lo explicó a los medios de comunicación el pasado 20 de noviembre, meses después de la tramitación del segundo contrato, y que la causa era una denuncia "velada" de connivencia de la empresa seleccionada con un funcionario municipal.

De este modo, el equipo de Gobierno decidió iniciar un segundo contrato, en este caso considerado menor, para pintar las calzadas cuyo aglomerado se había renovado en verano, ya que se encontraban sin señalizar y, "se dieron cuenta" de que la situación "podía suponer un riesgo de accidentes y de reclamaciones" de posibles afectados.

Procedimiento de emergencia

El problema, en opinión de los 'populares' fue que se tramitó como por procedimiento de emergencia, lo que permite prescindir de la fiscalización previa del expediente hasta el momento de realizar los pagos, que se adjudicó a la misma empresa que había sido propuesta para el contrato principal (API) y que también ha supuesto un sobrecoste del 20 por ciento, ya que el PP asegura que si se hubiera firmado el tal y como estaba propuesto, la adjudicataria planteaba un descuento por ese porcentaje.

Así, los ediles del PP concluyen que las decisiones del equipo de Gobierno sobre este asunto han supuesto un sobrecoste de 8.160 euros en un contrato que, finalmente, se adjudicó por 29.754 euros, IVA incluido, a la misma empresa que se había propuesto para el contrato principal.

A ello, los 'populares' han sumado que la convalidación del gasto no se aprobó hasta el pasado 13 de enero y que además se ha aprobado sin expediente de revisión de oficio "que no se ha hecho". Ya que consideran que el pago no se ha podido realizar hasta esa fecha y que desconocen si se ha abonado ya, advierten de que se habría superado el límite legal de 30 días, por lo que la empresa puede reclamar intereses de demora e incrementar aún más el sobrecoste.

A juicio de Jesús Enríquez, la falta de fiscalización previa del expediente de contratación puede "derivar en responsabilidades por mala gestión en la aplicación de la ley de Transparencia, lo que se tipifica como falta muy grave".

Los ediles del PP se basan en dos informes de la Intervención que señalan, el primero de ellos, que el segundo contrato se adjudicó "sin la necesaria justificación desde el punto de vista económico", con un gasto que "no ha sido ajustado a la legislación en materia de contratos públicos". Por ello, se fiscaliza "de forma negativa" el expediente.

En el segundo informe, siempre según fuentes del PP, se señala una "tramitación no ajustada a la legislación en materia de contratos públicos, por haber seguido un procedimiento de contratación de emergencia sin causa justificada" y proponía el reconocimiento extrajudicial de créditos para poder pagar al contratista.

Expediente de revisión

En opinión del Grupo Popular, el equipo de Gobierno debería aprobar inmediatamente un expediente de revisión de oficio del contrato para anular el contrato que consideran "ilegal" y, posteriormente liquidar el pago correspondiente a la empresa.

Además, reclaman que se pida el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla y León y que se "depuren responsabilidades" por la "mala gestión realizada" y que se promueva la aprobación de una instrucción de la Intervención que ayude a evitar "estas irregularidades".