El Consell de Govern ha acordado la ocupación urgente de los terrenos afectados por las obras pendientes del anillo de interconexión de las desaladoras de Vila, Santa Eulària y Sant Antoni, en Ibiza.

Según han recordado desde el Ejecutivo, este paso permitirá comenzar las expropiaciones para reiniciar los trabajos sobre el terreno, después de que se detuvieran en 2011, un hecho que ha provocado que algunas de las zonas más castigadas por la mala calidad del agua, como el término municipal de Sant Josep, no se puedan abastecer del caudal que producen las desaladoras de la isla.

El proyecto, que se lleva a cabo mediante un convenio con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, comporta un gasto de 94.413,69 euros que tendrá que asumir la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), organismo que el 16 de junio de 2015 solicitó a la Dirección General de Recursos Hídricos que llevara a cabo los trámites correspondientes para habilitar los terrenos donde ejecutar las obras, dado que no se había podido llegar a un acuerdo con todos los propietarios afectados.

El Consell de Govern ha acordado la declaración de la ocupación necesaria y urgente de los bienes para cumplir la finalidad de la expropiación.

La tramitación de la expropiación forzosa y la urgencia se han motivado y acreditado porque concurren circunstancias excepcionales basadas en la necesidad de la entrada en funcionamiento de la desaladora de agua de mar de Santa Eulària des Riu lo antes posible.

Estas infraestructuras garantizarán el suministro de agua de calidad y contribuirán a paliar el resultante del balance hídrico negativo que ha presentado la isla, sobretodo los dos últimos años.

Este proyecto, que afecta a 17 fincas, - una de Ibiza, tres de Sant Josep de Sa Talaia, tres más de Sant Joan de Labritja y diez de Sant Antoni de Portmany- ha sido sometido a información pública y no consta que se hayan presentado alegaciones.

En cualquier caso, el acuerdo se notificará a las personas interesadas y se les hará saber que agota la vía administrativa y que en contra se puede interponer un recurso de reposición ante el Consell de Govern en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de haber recibido la notificación, o un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de haber recibido la notificación.