Ayuntamiento de Cartaya señala que el auto judicial no le obliga a pagar a la MAS porque es "provisional"

El Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), gobernado por el independiente Juan Polo, ha salido este jueves al paso de la información que ha trascendido sobre el auto judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva, respecto al contencioso que la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) mantiene contra el Consistorio por su salida de la misma. Sobre el mismo, aseguran que éste deja claro que se trata de una medida "en un marco de provisionalidad, dentro del ámbito de medidas cautelares, y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva".

El Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), gobernado por el independiente Juan Polo, ha salido este jueves al paso de la información que ha trascendido sobre el auto judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva, respecto al contencioso que la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) mantiene contra el Consistorio por su salida de la misma. Sobre el mismo, aseguran que éste deja claro que se trata de una medida "en un marco de provisionalidad, dentro del ámbito de medidas cautelares, y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva".

Por tanto, señalan que "en ningún caso puede interpretarse que el auto del juez de la razón a Giahsa porque en el momento procesal en el que se encuentra el contencioso, ni siquiera se ha abordado todavía el fondo de la cuestión", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Aclaran en primer término que "en el marco de este contencioso, lo que ha dictado el juez es un auto que resuelve sobre la medida cautelar solicitada por el Consistorio y consistente en la suspensión cautelar de la resolución de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, por la que se aprueba la separación de dicho municipio y la liquidación de deudas pendientes", que ascienden a 12,25 millones de euros.

Según aclaran los servicios jurídicos, "ello no supone en ningún momento, que el juzgado le dé la razón a Giahsa ni en el contencioso, ni en el fondo del asunto, y quedan intactas las pretensiones municipales ante la justicia en este procedimiento, que se resolverá en su día con una sentencia".

Es, según detallan, simplemente un pronunciamiento sobre una medida cautelar solicitada, y el propio auto lo enmarca "en un marco de provisionalidad, dentro del ámbito de medidas cautelares, y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva".

Los servicios jurídicos explican que "en el marco del proceso es un trámite, una garantía procesal para salvaguardar un posible daño a terceros, que no entra ni siquiera a valorar en ningún momento el fondo del asunto, ni la cuantía de la indemnización solicitada por la MAS".

Así las cosas, el Ayuntamiento no está conforme con el auto y ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que lo recurran ante el TSJA, puesto que "es recurrible, y susceptible de recurso, como el propio auto indica".

Desde el Consistorio se recuerda, además, que este contencioso en cuestión no es el único que el Ayuntamiento y la MAS mantienen en la actualidad. Además del que mantiene Giahsa contra el Ayuntamiento por la liquidación de la salida de la Mancomunidad, está el que inició el Consistorio con anterioridad contra la MAS, por el incumplimiento del convenio suscrito entre la Mancomunidad, Giahsa y el Ayuntamiento por el impago del canon anual previsto en el mismo.

En ese otro procedimiento, que ha sido recurrido por la MAS y que se sigue ante el TSJA, el Ayuntamiento también ha planteado la petición de resarcimiento de daños y perjuicios, y aunque está en otro momento procesal más retrasado, viene a dilucidar la misma cuestión, y, aclaran los servicios jurídicos que, llegados al mismo trámite," muy probablemente derive en la petición de garantías procesales, que en ese otro proceso tendría que abonar Giahsa, sin que eso implicase tampoco posicionamiento a favor de una parte o de otra".

Iu pide un pleno extraordinario

Por su parte, Izquierda Unida ha solicitado al alcalde la convocatoria de un pleno extraordinario urgente para que dé explicaciones sobre este auto judicial que, a juicio de esta formación, sitúa al Ayuntamiento "en una situación crítica desde el punto de vista económico, cuyos únicos responsables son ICAR, PP y PA", es decir, los partidos que en el anterior mandato "decidieron privatizar los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, y de recogida de basuras, así como abandonar de forma unilateral MAS".

En el escrito que IU ha remitido al alcalde solicitando la convocatoria urgente de este pleno también se propone que en el pleno ordinario del próximo día 29 se incluya un punto del orden del día dedicado a este asunto con el fin de mantener a la corporación y a la población informadas de forma exhaustiva de todas las novedades que se puedan producir relacionadas con este grave problema.

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