La magistrada del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia considera que Consuelo Ciscar, como máxima responsable del IVAM, tuvo una "directa" participación en todos los asuntos relacionados con su gestión y en las irregularidades y deficiencias detectadas por la Intervención General que, entre otras cosas, alertaba de compras de obras de arte por más de un 1.500 por ciento más del valor de mercado.

A juicio de la instructora, hasta el momento resulta "indiciariamente" acreditada la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM —tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones— que habrían supuesto un "evidente perjuicio" a los fondos públicos con los que se gestionaba el museo "pagando importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a ese valor, con un claro lucro a terceros".

En un auto hecho público este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tras levantarse el secreto del sumario, la jueza indica que existen datos de naturaleza "objetiva" para dirigir la investigación contra Ciscar, como el hecho de que presidió la Comisión de Adquisición de obras de arte —donde menciona especialmente las irregularidades en relación con los trabajos de Gerardo Rueda—; la contratación de comisarios para las exposiciones de acuerdo con su criterio personal y, en el ámbito de las publicaciones, sin que hubiera informe justificativo de los fines que pretendía alcanzar con ellas.

Cantidades de dinero "desorbitadas"

En el ámbito de las exposiciones en el extranjero, destaca que es una partida de gasto que "al margen de no estar prevista entre las funciones del Instituto, han supuesto un desembolso de cantidades de dinero desorbitadas no acomodándose su actuación a los principios de eficacia, eficiencia y economía que deben presidir toda actuación pública". La jueza señala que la firma de Ciscar era necesaria para el desarrollo de estas muestras sin que ninguno de sus predecesores en el cargo hubiera organizado esos eventos.

El mismo argumento utiliza con respecto a la decisión "unilateral" de Ciscar —según declararon testigos en dependencias policiales— de "imponer" al administrador de Valsatrans y Logística del Arte, Bienvenido Martínez, también imputado en esta causa, para la ejecución de los transportes de obras de arte del IVAM bien en exposiciones en el exterior u otras "sin acomodación alguna a la legalidad vigente en materia de contratación del sector público, beneficiando con ello a tal persona, al igual que en los supuestos de publicaciones, beneficiando a las empresas destinatarias" de su decisión "sin someterse a la legalidad vigente en materia de contratación".

Ampliación de la investigación

Junto con el informe de la Intervención, la magistrada cita que la Brigada Provincial de Policía Judicial también apreció irregularidades en la investigación y, tras las declaraciones de empleados en dependencias policiales, amplió el análisis a los gastos en viajes de directivos, trabajadores y personas ajenas al IVAM con motivo de las exposiciones relacionadas con él y los gastos y gestión que afectan al ámbito de las publicaciones.

Entre estas irregularidades, ese informe destaca que Ciscar realizó "multitud" de exposiciones en el extranjero de las que pagó la totalidad o gran parte de los gastos generados "llegando incluso a tratarse de artistas extranjeros" pese a que entre sus funciones no está la promoción exterior de las obras y patrimonio del IVAM ni la promoción de artistas no valencianos. En estos casos, en 2005 la dirección decidió que ni la Jefa de Departamento de Registro de Obras ni los registradores actuarían como correo fuera de España.

En el transporte, desde la toma de posesión de Ciscar "se impone" que cuando se soliciten presupuestos se incluya a la empresa investigada y que ese transporte no se ajustaba a principios de eficiencia y economía al desplazarse fuera el material de montaje y operarios en lugar de subcontratar en destino.

Sobre el resto de investigados —además del empresario transportista— la jueza señala que al que fuera subdirector general de Administración y Finanzas Juan Carlos Lledó testigos le implicaron en los hechos al afirmar que el sistema de trabajo y adjudicación de las empresas para el desarrollo de las publicaciones propias se vio "perjudicado" en la "transparencia y neutralidad" del proceso ya que designaba directamente a las empresas a las que requerir la presentación de los presupuestos. En ocasiones, antes de cumplirse el plazo de presentación, recogía los expedientes para estudiarlos y "extrañamente" antes de finalizar ese periodo se recibía en el IVAM un correo de esas empresas con el precio más barato.

Asimismo, imputa al ex subdirector general de Publicaciones Norberto Martínez y al que fuera responsable de Gestión Interna Juan Bría que también trabajó en ese departamento que era en el que mayores irregularidades se detectaron. Respecto a la subdirectora Técnico-Artística Raquel Gutiérrez formó parte de la Comisión de Adquisición de Obras, un área que, a título indiciario fue donde mayores quebrantos económicos se cometieron. Asimismo, Gutiérrez pidió que no constaran quejas por escrito y obligó a incluir en un catálogo a un artista amigo de Ciscar.

La instructora rechaza la petición de archivo pedida por el letrado de Ciscar y ordena comunicar la resolución a la Generalitat para que pueda personarse en el procedimiento como administración perjudicada. Todos ellos tendrán que declarar como investigados aunque no está fijado el calendario de comparecencias.