El Parlamento gallego ha pedido, por unanimidad de los grupos, una solución "que garantice la restitución de la totalidad del dinero invertido" para víctimas de mala comercialización de bonos convertibles por parte del Banco Popular.

La solicitud, aprobada este miércoles en la comisión de economía a iniciativa del BNG, insta a la Xunta a demandar esta solución ante el Gobierno central, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.

En defensa del texto, el portavoz parlamentario del Bloque, Francisco Jorquera, ha advertido de que se trata de "un nuevo caso no solo de malas prácticas, sino que pone en cuestión el papel jugado por los órganos revisores". Por ello, ha exigido "que las administraciones públicas se impliquen a la hora de buscar una solución justa".

La diputada del PP Herminia Pouso, que ha precisado que "la Xunta carece de competencias" en este ámbito, ha dado el apoyo del grupo mayoritario a esta proposición no de ley al coincidir en que se está "ante un caso que desde luego, a raíz de las sentencias que ya han salido de los órganos judiciales correspondientes, —refleja que— se produjo nuevamente una comercialización fraudulenta de unos productos fraudulentos a personas que nada tenían que ver con grandes inversores".

Por su parte, el socialista Juan Carlos González Santín ha reprobado que, aunque "se vendió como una inversión segura", este producto se colocó a gente que "no fue advertida" y que contaba con escasa información, en decisiones "poco transparentes".

Por parte de AGE, Antón Sánchez ha constatado que esta es una realidad que, en Galicia, tras el escándalo de las participaciones preferentes comercializadas por las extintas cajas de ahorro, "suena".

Emitidos en 2009,

Con vencimiento en 2013

La emisión inicial de este tipo de bonos convertibles por parte del Popular fue de 700 millones de euros, en 2009 y con fecha de vencimiento en octubre de 2013.

En 2012, la entidad financiera ofreció un canje voluntario a los bonistas, que tuvo una aceptación del 95,3%, según los datos que aporta el propio banco.

"Se les ofrecían otros bonos de nueva emisión que vencieron en noviembre de 2015 y que contaban con mejores condiciones debido a que tenían ventanas trimestrales de liquidez (los originarios tenían una sola ventana anual) y a que la rentabilidad mejoraba, ya que los nuevos contaban con una rentabilidad del 7%, mientras que los originarios la remuneración era de Euríbor 3 meses + 4%", destacan fuentes del Popular consultadas por Europa Press.

Sin embargo, el autor de la demanda que este miércoles ha salido adelante en la Cámara autonómica por unanimidad ha criticado que lo que hubo fue "una solución para sí mismo" —para el banco—, con el ánimo de "sortear los problemas de esta mala comercialización".

Banco Popular defiende que durante este periodo los bonistas han obtenido una alta remuneración, "casi el equivalente al 40% del valor nominal (inversión)". Contando con esta rentabilidad que los bonistas han recibido a lo largo de estos años, cifra la minusvalía en torno al 40%.

"Como siempre, el cliente es el centro de la gestión del banco, y de manera individual y excepcional, estamos buscando las condiciones de negocio que permitan que estos u otros clientes permanezcan con la relación comercial a largo plazo que venimos manteniendo, en la que el compromiso por ambas partes debe ser alto", remarcan las fuentes de la entidad.