El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado declaración este martes a cuatro investigados dentro de la causa por el presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu'. Han coincidido en que no cumplieron dicho compromiso por motivos económicos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales. En primer lugar, han comparecido dos representantes de una empresa —un socio y la directora del curso— que recibió una subvención en la convocatoria del 4 de noviembre de 2010 para impartir un módulo formativo para desempleados, en concreto, de administrativo comercial.

La parte teórica se cumplió pero no la contratación de los nueve alumnos a lo que se habían comprometido, sino que se hizo contrato a cinco, debido a que la situación económica en ese momento no les iba muy bien. En este caso, han indicado que no tuvieron inspección por parte de la administración andaluza. La próxima semana comparecen otras dos personas relacionadas con esta empresa.

En segundo lugar, han comparecido otras dos personas relacionadas con una sociedad que recibió dos ayudas en la misma convocatoria de noviembre de 2010 para dos cursos, uno de dependiente de comercio y otro de organizador de puntos de venta en autoservicio. El curso se impartió pero el compromiso de contratación, de 27 personas, no se cumplió, porque no se contrató a nadie, según los investigadores.

Los investigados, según las fuentes, han justificado ese incumplimiento en que la sociedad se declaró en concurso de acreedores, aunque según la documentación eso fue un año después de recibir el dinero, unos 63.800 euros en total. También han precisado que tenían deudas y embargos y no pudieron destinar las dos subvenciones al objetivo del curso.

En esta causa se investigan por el momento delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social apunta en sus pesquisas iniciales a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior por parte de la administración regional, encargada de ello.

La investigación se refiere a dos convocatoria de ayudas para formación para desempleados con compromiso de contratación, la del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigan 17 empresas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros en global—; y la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se investigan unas 10 firmas.

Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas y de los profesores; además de que a veces no se llegaron a dar los cursos. Pero también en el incumplimiento del compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o supuestas falsedades en partes de asistencia.

Asimismo, se investiga una presunta falta de control de la Administración andaluza en la concesión de las subvenciones, durante el desarrollo del curso y en la liquidación de las ayudas. En el marco de estas diligencias, ya han declarado ante el juez unas 40 personas vinculadas con distintas sociedades, aunque faltan por comparecer los funcionarios o responsables políticos.