El juicio por el crimen de Antonio Fernández, el cazador de Belvís de la Jara (Toledo) que fue asesinado de un disparo en la cabeza, se celebrará entre los días 22 y 29 de abril con jurado popular en la Audiencia Provincial de Toledo, por la que desfilarán 26 testigos y 19 peritos.

Según ha informado a Europa Press el abogado de la acusación particular, Jesús Lázaro, este lunes ha tenido lugar el sorteo de candidatos que formarán parte del jurado popular, con lo cual se inicia el proceso que juzgará a Rufino González, alias 'El Conejo' y Flores Alba, su sobrino, como presuntos autores materiales del crimen de Fernández cuando salieron a cazar el 30 de septiembre de 2013 en la finca 'Los Baños' de Aldeanueva de Barbarroya (Toledo).

Así, el 22 de abril tendrá lugar la selección del jurado popular y el juicio se desarrollará del 25 al 29 de abril en la Audiencia de Toledo. En este sentido, Lázaro ha concretado que tanto para la acusación como para la Fiscalía, Rufino fue el autor del disparo aunque difieren en las peticiones de condenas.

Para Rufino, señala, la Fiscalía pide 20 años de cárcel por asesinato, 5 por robo con violencia y otros 2 por tenencia ilícita de armas. Para su sobrino Flores pide 17 años por asesinato, 5 por robo y otros dos por tenencia ilícita de armas.

Si bien, la acusación particular de la familia pide dos años más para cada uno de los presuntos autores del asesinato de Antonio Fernández. "Los dos lo asesinaron y lo planificaron", y añade el abogado que, "de hecho, llevaron a cazar a Antonio unos días antes con la misma intención pero se encontraron a la Guardia Civil en la Vía Verde de la Jara y no pudieron".

Para Lázaro, "los acusados se confabularon" aunque han llegado a cambiar hasta tres veces la versión de los hechos. Rufino alegó en su primera declaración que fue un accidente de caza, después que quien disparó fue su sobrino y, por último, que se confabularon que quitarle 3.000 euros del equipo de caza.

Además, la familia ha añadido en su acusación los delitos de profanación del cadáver y contra la integridad moral de los familiares del fallecido, primero por "aumentar el dolor con la tortuosa búsqueda" que se prolongó durante cinco meses, y segundo, porque "llegaron incluso a organizar un picnic con la familia y estuvieron comiendo en la zona donde enterraron a Antonio mientras continuaban las labores de búsqueda".