La Fiscalía de Valladolid y la acusación particular han mantenido invariable su solicitud de inhabilitación por espacio de siete años y medio y diez años, respectivamente, para el actual jefe de Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil por entender que incurrió en un delito de prevaricación en 2013 al paralizar, "de forma consciente, voluntaria y dolosa", la solicitud de renovación de licencia de caza presentada por un cazador con más de tres décadas de experiencia en el arte cinegético.

Ambas acusaciones, durante el juicio que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Valladolid, no encuentran explicación alguna, salvo una posible animadversión del acusado, J.Z.P, respecto del solicitante, F.S, para que la petición de renovación de caza presentada por este último en marzo de 2013 no fuera tramitada, pese a recibir el informe favorable del propio imputado y contara con toda la documentación requerida por la normativa.

"El acusado no actuó conforme a derecho y el plus de requisitos que impuso al solicitante es manifiestamente injusto", ha sentenciado el fiscal, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, insiste en que la solicitud presentada por el cazador adjuntaba toda la documentación exigida, incluida una declaración jurada y un certificado de contar con un armero donde guardar sus armas.

En la misma línea, la acusación particular, que al igual que el fiscal imputa una prevaricación por omisión, ha recriminado al funcionario por "retener" durante tres meses el expediente con el único fin de que caducara el permiso temporal que había sido otorgado al cazador, "y ello con argumentos contrarios a la reglamentación de armas, cuando estaba todo correcto y completo", como así ha reconocido otro funcionario que examinó en un primer momento la documentación antes de elevarla a su superior, el hoy acusado, al entender que reunía todos los requisitos para su tramitación.

Pese a que finalmente tuvo que ser el propio general jefe de la XII Zona de León quien dictase en noviembre de ese año una resolución en virtud de la cual se concedió la licencia, tras reconocer que todo era correcto, el actual jefe de la Intervención de Armas de Valladolid, J.Z.P, ha sostenido hoy que la documentación presentaba anomalías en cuanto a que las medidas de seguridad respecto del armero no eran completas.

En este sentido, el procesado sostiene que actuó con el denunciante de la misma forma que con el resto, sobre todo a raíz de que a partir de noviembre de 2009 la Dirección General de la Guardia Civil intensificara las medidas de control sobre armas y su departamento reforzara el control sobre un total de 5.000 personas para velar por que la documentación fuera completa y evitar así que los expedientes tramitados fueran denegados por la Jefatura de León.

"mero filtro"

Entre esos requisitos, J.Z.P. ha explicado que F.S. no acreditó que el armero con que contaba fuera el exigido para el número de armas de que disponía, y que incluso se personó en casa del cazador con una cámara de fotos y ofreció hacer un reportaje gráfico que el denunciante rechazó.

"Mi cometido es actuar de mero filtro de la documentación recibida para garantizar que esté completa antes de remitirla a la Jefatura de Zona, con el fin de que sea devuelta y se produzcan demoras", ha resumido el funcionario, quien ha reprochado el comportamiento de F.S. por su falta de colaboración. "No sé por qué es el único que ha denegado nuestra ayuda", indica J.Z.P, al mando de la Intervención de Armas de la Comandancia de Valladolid durante los últimos siete años sin que, como así ha subrayado, haya sido objeto de sanción ni de queja alguna hasta ahora.

En el lado opuesto, el cazador afectado por la supuesta actuación prevaricadora del anterior se ha ratificado en que su solicitud de renovación de la licencia de armas rayadas para caza mayor Tipo D adjuntó todos los documentos exigidos, como así había venido realizando desde 1993, sin que hasta ese momento se le hubiera puesto traba alguna, al tiempo que ha responsabilizado al guardia civil de dejar caducar su permiso de forma intencionada—derivó en una sanción de 300 euros—y de incluso haber tratado de subastar sus armas.

Respecto de su negativa a franquear la entrada de su puerta para que el imputado fotografiara su armero, F.S. ha recordado que se trataba de la casa de su madre y que lo consideró innecesario pues entendía que había presentado la documentación requerida, además de que consideró que ello suponía una vulneración de sus derechos. "No tengo constancia en ningún sitio de España de que la Guardia Civil tenga que entrar en tu casa para practicar esa prueba", ha concluido.