La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha subrayado el refuerzo que la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, cuyo proyecto aprobó este pasado martes el Consejo de Gobierno, supone para los servicios sociales en la comunidad, en especial para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, y ha destacado el "papel clave" de las corporaciones locales en la prestación de estos servicios.

Durante una visita al centro de servicios sociales comunitarios del municipio malagueño de Vélez-Málaga, Sánchez Rubio ha explicado que el objetivo principal de esta nueva normativa es "blindar y garantizar como un derecho" la prestación de los servicios sociales para que estén al alcance de toda la ciudadanía.

Así, a partir de que el Parlamento andaluz apruebe la ley, "que va a ser de las más avanzadas en el ámbito de nuestro país en materia de servicios sociales", la idea es que cualquier persona pueda tener un acceso garantizado a los servicios, estableciendo además como garantizadas numerosas prestaciones.

En este sentido, ha enumerado algunas como la atención a situaciones de dificultad, a necesidades básicas como la alimentación, los ingresos mínimos, la luz o el agua, unos servicios básicos "que hemos visto que hoy día hay personas que no los tienen, y parece increíble que en pleno siglo XXI no podamos tener recursos garantizados para que esas personas en un momento determinado puedan tener ese acceso".

La consejera ha puesto especial énfasis en que "se trata de servicios y prestaciones que podemos necesitar cualquiera de nosotros en un momento determinado de la vida", como demuestra, según ha advertido, el cambio de perfil del usuario que se ha producido desde el inicio de la crisis.

"A partir de la crisis nos hemos encontrado con personas que nunca habían acudido a un centro de este tipo, por lo que hay que tener claro que en cualquier momento podemos tener necesidad de recibir servicio desde un centro de servicios sociales. Nos puede pasar a cualquiera, y tenemos que garantizar el acceso para que en cualquier momento que te encuentres en situación de dificultad, tengas una solución a esos problemas", ha agregado.

Esfuerzo de los municipios

Sánchez Rubio ha precisado que la Junta trabajará en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para el desarrollo de la ley y el ajuste de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento, "puesto que nosotros financiamos en gran medida la ley, pero las corporaciones locales hacen un esfuerzo importantísimo".

De hecho, ha señalado que, finalmente, son los municipios "los que aplican esta ley", y ha afirmado que en el compromiso de los ayuntamientos "no sólo está que contratan, aunque después reciban financiación, sino que ponen parte del dinero muy importante con los presupuestos; es decir, es un esfuerzo compartido".

Como ejemplo de este esfuerzo municipal en materia de servicios sociales, ha citado al Ayuntamiento de Vélez-Málaga y a su alcalde, Antonio Moreno, "que está muy comprometido con los derechos que tenemos que preservar para las personas que tienen especiales dificultades".

La consejera ha visitado, junto al regidor y al delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, las instalaciones del nuevo edificio de servicios sociales de esta localidad, en la que, según los datos más recientes, correspondientes al año 2014, se atendió a 2.644 personas sobre una población de 77.808 habitantes.