El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha rechazado que pueda anularse en este momento todo el procedimiento por el "caso Nóos" como ha solicitado la defensa de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, por considerar que se vulneraron los derechos de su cliente antes de ser imputado formalmente en la causa. A estos argumentos se ha sumado la abogada del Estado y la acusación popular representada por Manos Limpias.

Horrach ha rechazado las cuestiones de nulidad planteadas por el letrado Manuel González Peeters y ha recordado que la personación de Torres con abogado y procurador se produjo desde el primer instante, desde que el Instituto Nóos tuvo el primer requerimiento y el empresario aportó la documentación requerida.

"Es que es más, no sólo conocía sus derechos como imputado, sino que presentó la documentación como quiso y presentó la que quiso", ha recordado el fiscal, que ha añadido que Torres "incluso evitó presentar los papeles que más podrían incriminarle". El exsocio de Urdangarin presentando tandas y tandas de correos electrónicos a lo largo de toda la instrucción que sólo afectaban a otra partes, y no a él. Su actitud procesal desmiente la indefensión según el representante del Ministerio Público.

También se opone Horrach al resto de cuestiones planteadas por el abogado de Torres, Manuel González Peeters, y le recuerda que no ha citado toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo que contradice sus posiciones.

El abogado de Torres había a solicitado al tribunal que juzga desde este lunes el "caso Nóos" en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca la nulidad de todo el procedimiento iniciado por el instructor José Castro por considerar que se inició por a investigación de unos documentos sobre el instituto Nóos que fueron aportados a la causa cuando su cliente aún no había sido imputado.

Esta circunstancia que vicia todas las actuaciones que inició a partir de entonces el instructor del caso José Castro según el abogado Manuel González Peeters. Durante su intervención en la sesión de cuestiones previas al juicio -que sienta en el banquillo a un total de 18 personas, entre ellas la Infanta Cristina-, ha defendido que el origen de toda la causa es "ilícito" y debe ser anulada.

Para apoyar sus tesis González Peeters ha citado sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). También ha defendido la vulneración de otros principios como los de no declarar contra uno mismo para argumentar la indefensión de su cliente en este aspecto.