Tribunales.- La Fiscalía archiva la denuncia contra el alcalde de Cartaya por el uso de una subvención

La Fiscalía de Huelva ha archivado la denuncia contra el alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Miguel Polo (independiente), por el uso de una subvención ya que considera que "no cometió delito" de prevaricación ni de malversación de caudales públicos, han informado a Europa Press desde el Ministerio Fiscal.
El alcalde de Cartaya, Juan M.Polo, visita las obras objeto de subvención.
El alcalde de Cartaya, Juan M.Polo, visita las obras objeto de subvención.
EUROPA PRESS/AYTO CARTAYA
El alcalde de Cartaya, Juan M.Polo, visita las obras objeto de subvención.

La Fiscalía de Huelva ha archivado la denuncia contra el alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Miguel Polo (independiente), por el uso de una subvención ya que considera que "no cometió delito" de prevaricación ni de malversación de caudales públicos, han informado a Europa Press desde el Ministerio Fiscal.

Hay que recordar que en su día la Fiscalía inició diligencias de investigación contra el alcalde de Cartaya por el supuesto pago de indemnizaciones laborales a trabajadores a cargo de una subvención de 288.627 euros destinada a una escuela infantil, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) instara al Ministerio Fiscal a investigar estos hechos.

Por su parte, según ha informado el Ayuntamiento cartayero en una nota de prensa, la Fiscalía archiva la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Cartaya por haber destinado presuntamente dinero de una subvención reservada para obras de una escuela infantil al pago del despido de varios trabajadores por "considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito".

Del mismo modo, desde el ente local han recordado que el día 8 de mayo de 2015 se presentaba en la Fiscalía un escrito en el que se formulaba dicha denuncia, de manera que el Ministerio Fiscal "debía dilucidar si se había producido un uso indebido de la subvención de la Junta de Andalucía recibida por el Ayuntamiento para una finalidad concreta, la construcción de una escuela infantil, al haberla destinado a otro fin distinto, esto es, el pago de las indemnizaciones debidas a los trabajadores despedidos".

Los hechos así denunciados podrían haber constituido presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación; "ambos rechazados por la propia Fiscalía en sus consideraciones del auto de archivo".

La nota del Ayuntamiento precisa sobre la malversación de caudales públicos que la Fiscalía determina que "en el presente caso, a la vista del informe y de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Cartaya, se ha acreditado el destino dado a esa subvención recibida, desde luego no a usos ajenos a la función pública".

"Consta que la escuela infantil para cuya construcción se concedió llegó a construirse, existiendo la debida justificación de los gastos con cargo a esa subvención y la recepción de la obra, sin que por parte de la Junta de Andalucía se haya puesto objeción alguna a todo ese proceso", prosigue.

"Aparece, pues, ejecutada la obra para la que se destinaba la subvención, tratándose de un destino y un objeto público, competencia del Ayuntamiento de Cartaya. Con ello no se aprecia la comisión del delito de malversación de caudales públicos".

De otro lado, respecto a la prevaricación, argumenta que "dicho delito de prevaricación viene configurado con las notas de injusticia y arbitrariedad en la resolución dictada a sabiendas en un asunto administrativo por la autoridad o funcionario públicos".

Al respecto, "se ha de indicar que la interpretación jurisprudencial de esos requisitos ha sido restrictiva, para considerar que concurren sólo en el caso de evidente injusticia y arbitrariedad en la resolución adoptada, y siempre que se adoptara de forma consciente y a sabiendas de esa injusticia y arbitrariedad, elementos que el Ministerio Fiscal no considera que concurran en el presente supuesto".

Para la Fiscalía, "se ha acreditado el pago realizado a las pocas fechas de la primera negativa, habiéndose debido, según informe recibido, a una falta de fondos y no a una voluntad manifiesta y consciente de negarse a hacer efectivo el pago".

Por tanto, sigue considerando la Fiscalía "una vez practicadas las diligencias que se han estimado procedentes, y valorado, como se ha razonado anteriormente, que los hechos no son constitutivos de delito, procede el archivo de las actuaciones. Por todo ello, considera el Ministerio Fiscal que no procede formular denuncia alguna por los hechos puestos en su conocimiento" y la Fiscalía decreta el archivo de las presentes diligencias.

Valoración del alcalde

Por su parte, el alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo, ha querido dejar claro que "desde el principio pudimos advertir que se trataba de una denuncia con tintes políticos puesto que los cinco trabajadores denunciantes están claramente vinculados al PSOE".

"Lo que más me entristece del caso y lamento profundamente es que el PSOE ponga en duda la labor de los técnicos del Área Económica del Ayuntamiento, que han demostrado durante muchos años una profesionalidad excelente y son garantía de independencia", ha concluido.

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