La Consejería de Justicia e Interior ha abonado un total de 1.487.446 euros a los colegios de abogados y procuradores para liquidar los pagos por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondientes al tercer trimestre de este año en la provincia de Cádiz.

Según indica la Junta en un comunicado, de esta cantidad abonada, la mayor parte —1,3 millones— se destina a sufragar la prestación realizada por los abogados, mientras que los procuradores han recibido un total de 128.309 euros.

La Consejería de Justicia e Interior cumple así el acuerdo que se alcanzó con los consejos de colegios que representan a estos profesionales para abonar por trimestres vencidos el turno de oficio, el turno de guardia y los gastos de funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía.

Asimismo, ha recordado que considera que la justicia gratuita es un "compromiso irrenunciable y prioritario" para el Gobierno andaluz, como "parte de las políticas sociales y por la igualdad que lleva a cabo para garantizar los derechos de toda la ciudadanía", en este caso de las personas que tienen menos recursos económicos para acceder a una asistencia jurídica.

Así, la Junta financia los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores.

Finalmente, ha recordado que con el fin de mejorar la asistencia jurídica gratuita, la Consejería de Justicia e Interior ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión, denominado 'Temisa', que aporta "transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos".

Esta nueva tecnología, que se puso en marcha hace más de un año, permite a los consejos andaluces de abogados y procuradores remitir telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.