La Junta de Andalucía ha renovado este martes sus convenios con 15 ayuntamientos gaditanos y con la Diputación para destinar una partida de 904.952,85 euros a ayudas familiares.

El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, han sido los encargados de dar a conocer estas ayudas de la Administración autonómica, que se incrementan con respecto al año anterior, en concreto en 13.352,85 euros, un 1,4 por ciento más.

La Junta ha explicado en una nota que aporta en el presente ejercicio 130.336,42 euros, distribuidos entre las distintas entidades locales de la provincia. Adicionalmente, se destina una cuantía de 774.616,43 euros, provenientes de la distribución resultante del crédito para proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia para Andalucía destinada para el Programa de Ayudas Económicas Familiares en el ejercicio 2015.

Así, frente a los 891.600 euros que la Junta destinó en 2014, en esta ocasión la cifra sube a los 904.952,85, que se repartirán entre la Diputación Provincial y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Estos son Cádiz, Jerez, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Los Barrios, Chiclana, Conil, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque y Sanlúcar de Barrameda.

Tanto López Gil como Herrera han resaltado la apuesta de la Junta en materia de políticas sociales, como lo demuestra el hecho de que, desde 2012 a la actualidad, la partida que la Administración andaluza destina a estas ayudas se haya incrementado en más del 50 por ciento.

Las ayudas económicas familiares están diseñadas como una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y se definen como prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Las ayudas se pueden cobrar durante un periodo máximo de seis meses.

El objetivo de estas ayudas es prevenir, reducir o eliminar los factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para menores, con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias.

Así pues, pueden ser beneficiarias de estas ayudas aquellas familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los y las menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado.

Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse otros como alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en el bienestar del menor.

El pasado año, cuando la Junta destinó por este concepto un total de 891.600 euros en la provincia, se beneficiaron un total de 1.875 familias y 3.642 menores.