La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía recuerda a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz "la necesidad" de que los consistorios extremen los controles administrativos previos sobre los eventos especiales que se organizan en torno a las festividades de Navidad y Fin de Año, tales como cotillones, fiestas y conciertos, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como los derechos de los asistentes a tales celebraciones.

En una carta, que también están entregando efectivos de la Policía de la Junta en las inspecciones que realizan a establecimientos de esparcimiento, como discotecas, pubs y bares, se señala que los organizadores de estos eventos tienen que obtener las preceptivas autorizaciones administrativas ante los ayuntamientos con antelación suficiente y cumplir todos los requisitos de seguridad contemplados en la normativa de Espectáculos Públicos, según ha detallado la Junta en una nota.

Así, se pueden distinguir dos circunstancias. Por una parte, aquellos eventos que se celebran en establecimientos recreativos que habitualmente acogen otro tipo de actividades lúdicas, como el caso de un bar que pretende organizar un cotillón. Estos cuentan ya con una autorización en la que se regulan aspectos como su aforo, si bien han de pedir otra expresamente para esta actividad puntual considerada como "ocasional o extraordinaria".

Por otra parte, se encuentran aquellos espacios que tienen usos diferentes —tales como un garaje o una nave— y que, excepcionalmente, se pretenden utilizar para albergar una fiesta o concierto, por lo que deben pedir una licencia para ello. En ambos casos, los ayuntamientos son los competentes para otorgarla, según la legislación vigente.

La resolución municipal deberá contener las condiciones particulares, y como mínimo información del titular y organizador, objeto, duración o vigencia, aforo máximo, horario u otras condiciones particulares. Esto se debe a que las condiciones técnicas y de seguridad necesarias no vienen sólo determinadas por el aforo o tipo de establecimiento, sino que dependen de las características y magnitud del evento que se pretende realizar en acto único y que, por tanto, desaparecen automáticamente con la celebración del mismo.

Por lo que respecta a los espacios utilizados de forma eventual o formados parcialmente por estructuras desmontables o portátiles, deberán reunir "todas las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad para las personas", y ajustarse a las disposiciones establecidas sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios y, en su caso, al Código Técnico de Edificación.

La normativa regula, igualmente, la presencia de un servicio de vigilancia y admisión en los eventos de carácter ocasional y extraordinario y la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil.

Campaña de inspecciones

Con el objetivo de reforzar el control de los recintos que albergarán fiestas navideñas y cotillones, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía ha inspeccionado ya más de una decena de establecimientos públicos en la provincia de Cádiz.

En concreto, las inspecciones se realizan en aquellas instalaciones que tienen la categoría de 'establecimientos de esparcimiento' —salas de fiesta, discotecas, discotecas de juventud y salones de celebración— con capacidad superior a 700 personas, ya que la Junta es competente en la inspección de estos recintos de mayor aforo junto con los ayuntamientos.

Los profesionales encargados de realizar las labores de supervisión y control de estas instalaciones son, junto a los agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta, miembros de la Inspección de Espectáculos Públicos de la Junta y técnicos de empresas especializadas autorizadas por la Consejería.

En estas inspecciones se comprueba la documentación general de estos establecimientos, los requisitos técnicos de sus instalaciones y se revisan aspectos importantes para la seguridad de las personas como las instalaciones eléctricas, las de protección contra incendios y los elementos y condiciones de evacuación del edificio.

La Junta podrá clausurar aquellos establecimientos en los que se detecten deficiencias graves hasta su completa remodelación. Los planes de inspección desarrollados anteriormente "han demostrado su eficacia para corregir los eventuales incumplimientos registrados durante los mismos y su importante efecto preventivo y disuasorio, ya que las inspecciones fomentan actitudes responsables por parte de los propietarios de estos establecimientos", según explica la Administración autonómica.

Denuncias contra una discoteca en sanlúcar

Por su parte, agentes de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta, en colaboración con la funcionarios de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y de la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría Local de El Puerto de Santa María, han llevado a cabo estos días la inspección del establecimiento denominado 'Discoteca La Santa', ubicado en Sanlúcar.

Como consecuencia de dicha inspección, los funcionarios instruyeron varias actas de denuncia por tenencia de sustancias estupefacientes como cocaína y hachís, según apunta la Junta.

En relación al local, se comprobó que presentaba "múltiples deficiencias de carácter grave en materia de seguridad", de modo que "no existía señalización de las vías de evacuación, los extintores se encontraban apilados en el almacén del local completamente vacíos y con la fecha de revisión caducada, no se pudo constatar la existencia de seguro de responsabilidad civil, y carecía de servicio de vigilancia que fuese prestado por una empresa de seguridad inscrita en el Registro de Empresas del Ministerio del Interior".

En relación a la normativa de consumo, el local carecía de hojas de reclamaciones, así como de lista de precios. También se permitía fumar en su interior. Además, se encontró una máquina expendedora de tabacos que carecía de autorización para estar instalada en el establecimiento, por lo cual fue precintada.

Por todo lo anterior, los funcionarios procedieron al desalojo del establecimiento hasta que sean subsanadas "todas las deficiencias detectadas y sea fruto de una nueva inspección".

Las actas de denuncia instruidas fueron remitidas tanto a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía como a la Subdelegación del Gobierno central para la instrucción de los "oportunos expedientes sancionadores".