El consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha solicitado unidad a los grupos municipales ante la "emplumada" del Gobierno de Aragón para cobrar a los zaragozanos el nuevo Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) a partir del 1 de enero y que supondría una media de entre 60 y 90 euros anuales por domicilio, si bien se desconoce la cuantía que podría suponer para la hostelería y el comercio.

Rivarés, junto a la concejal delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Teresa Artigas, ha confiado en que todos los grupos municipales expresen en la Junta de Portavoces de la próxima semana un rechazo unánime a la aplicación de este nuevo impuesto.

En rueda de prensa, ha cuestionado que los ciudadanos de Zaragoza tengan que asumir este nuevo impuesto cuando "ya han terminado de pagar su depuradora en 2014" y se ha mostrado convencido de que "servirá para pagar el plan de depuradoras del PAR con los Gobiernos del PSOE de Marcelino Iglesias y del PP de Luisa Fernanda Rudi".

Enfático ha dicho que "Zaragoza cumple y se ha pagado su planta depuradora, pero ahora tiene que pagar el triple para cubrir qué agujero", se ha preguntado, y Teresa Artigas ha añadido que este nuevo impuesto "ni siquiera lo cobraría directamente el Instituto Aragonés del Agua, sino una empresa privada", para criticar que una de las primeras medidas del Gobierno de Aragón que preside Javier Lambán, "fue adjudicarla por 2,5 millones de euros y aumentar aún más el gasto público".

Otro aspecto que ha criticado Rivarés es la "deslealtad institucional" con la que actúa el PSOE porque "en el Ayuntamiento se opone a gravar el IBI a los valores más altos de las empresas y grandes superficies, mientras en el Gobierno de Aragón se crea un impuesto —el ICA— para todos sin distinguir la situación económica de cada uno".

Además, ha arremetido contra quien "perpetra esta emplumada a los zaragozanos" en referencia al anterior vicealcalde de Zaragoza y ahora consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, porque "en su día se negó a firmar con el Gobierno de Aragón el convenio que facilitaba la aplicación de este impuesto que ahora impone por ley, por la puerta de atrás y sin comunicarlo al Ayuntamiento".

"hasta el final"

Rivarés ha apuntado que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene conocimiento de este nuevo impuesto —que antes se denominaba canon de saneamiento y "era ilegal cobrarlo"— porque desde los grupos parlamentarios de IU y Podemos "nos alertan y nos pasan documentación de la previsión de recaudación de 20 millones por parte del Gobierno de Aragón", según consta en la Ley de acompañamiento a los presupuestos de Aragón para 2016.

En este sentido, ha confiado en que los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, junto con los del Ayuntamiento "busquen una solución a este cobro que se impone a los vecinos".

"Esperamos que no sea necesario" acudir a los tribunales para pedir la adopción de medidas cautelares que suspendan la aplicación de este impuesto, ha dicho Rivarés, para dejar claro que el Ayuntamiento "llegará hasta el final" porque su objetivo es "proteger y hacer prosperar a los ciudadanos y en esa encomienda no tiene ningún límite dentro de la democracia".

Artigas ha expresado, asimismo, su preocupación porque supondrá que los ciudadanos paguen un "13 por ciento más que el resto de los aragoneses y sin una contrapartida de realizar mejoras en el saneamiento de la ciudad". Además, "se caen las bonificaciones que se aplicaban en los recibos y no se gravará más a los que más consumen" que es una de las políticas medioambientales del Ayuntamiento de la ciudad.

Finalmente, ha criticado que no haya recibido respuesta del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, para calificar de "intolerable" que se cobre a los zaragozanos por unas obras "que no se sabe ni lo que han costado".