La candidata número seis de Izquierda Unida-Unidad Popular al Congreso por Sevilla, Encarnación Núñez, ha remarcado este viernes el compromiso de su fuerza política de derogar la Ley de Reforma Local aprobada en solitario por el Gobierno de Rajoy (PP), al tratarse de una norma que "asfixia económicamente a los ayuntamientos y dinamita los servicios públicos municipales".

Núñez ha realizado estas declaraciones tras participar, junto a los concejales de IU en Sevilla, Daniel González Rojas y Eva Oliva, en la concentración convocada en Plaza Nueva por la Marea Verde de Cerro Amate y la Bolsa de Peones del Ayuntamiento para denunciar la falta de personal que sufren a los servicios de portería, limpieza y mantenimiento de los centros educativos de la ciudad y para reclamar una enseñanza pública y de calidad.

Tras mostrar su total apoyo a las reivindicaciones de estos colectivos, la candidata de IU-Unidad Popular ha atribuido esta "lamentable situación" a la política de recortes que se ha venido aplicando en nuestro país y a una reforma local concebida para "primar los negocios de algunas empresas privadas frente a los intereses generales" por la vía de la eliminación de competencias, los recortes de personal y la reducción de financiación de los ayuntamientos.

"Para una fuerza política claramente municipalista, como IU-Unidad Popular, se hace imprescindible derogar cuanto antes la reforma local del PP y aprobar otra que garantice el principio de suficiencia financiera de los ayuntamientos para que las administraciones públicas más cercanas al ciudadano puedan asegurar la prestación de unos servicios públicos de calidad", ha enfatizado Núñez.

"Defendemos unos ayuntamientos fuertes, autónomos y con recursos porque creemos que así se pueden abordar mejor los problemas y cubrir las necesidades de la gente", ha abundado la candidata de IU-UP. Por eso, la coalición de izquierdas apuesta por un reparto más equitativo del gasto público, de tal modo que a los municipios les corresponda el 30% del total, a las comunidades autónomas otro 30% y al Estado el 40% restante.