En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se celebra este viernes, CCOO ha solicitado la integración "real y efectiva" de todas las personas inmigrantes en todos los ámbitos de la sociedad. En este sentido, el sindicato ha recordado que "en Huelva hay 7.300 los inmigrantes que viven en 38 asentamientos chabolistas repartidos por la provincia onubense, de los que alrededor del 3 por ciento son menores".

El secretario general de CCOO Huelva, Emilio Fernández, ha destacado en una nota de prensa que "el problema de los asentamientos ilegales de inmigrantes en la provincia se ha vuelto crónico y ha pasado de ser un fenómeno temporal, que coincidía con el desarrollo de las campañas agrícolas, a ser estable".

De este modo, el sindicalista ha puesto el acento en las condiciones "inhumanas" en las que viven estas personas sin acceso a recursos básicos de primera necesidad y ha recordado que "estas personas huyen de sus países escapando de la violencia o con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida".

Fernández ha declarado que "en el último mes hemos mantenido reuniones con las administraciones con competencias en materia de inmigración para trasladarles el plan de actuación elaborado por el sindicato, que tiene como principales líneas de actuación, la construcción de centros de atención al inmigrante con servicios mínimos, donde puedan ser atendidos por las organizaciones humanitarias o la coordinación entre entidades publico-privadas para el uso de las viviendas de los temporeros en régimen de alquiler".

Por otro lado, el sindicato ha destacado, al igual que hizo el Alto Comisionado de la ONU el pasado 10 de diciembre, en el "repunte peligroso y alarmante de los discursos racistas y xenófobos" que están sucediéndose por la actual situación de crisis económica y laboral actual y ha remarcado que "más de un ocho por ciento de la población onubense es inmigrante".

Finalmente, CCOO considera "fundamental" la recuperación del derecho de asistencia sanitaria para las personas inmigrantes ya que "no hay bases económicas que justifiquen la decisión de excluir de la asistencia sanitaria a las personas sin permiso de residencia".

Para el sindicato "los problemas administrativos y de control no pueden traducirse en la exclusión de un derecho universal como es la atención sanitaria. Actualmente, cerca de 600.000 personas en el país se encuentran con restricciones en el acceso a la asistencia sanitaria".

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