La Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado la petición de nulidad de actuaciones solicitada por la defensa del superintendente de la Policía Local, Juan José García, en el caso relativo a la presunta filtración de los contenidos de los exámenes en las dos convocatorias de empleo público promovidas en el año 2012 por el Ayuntamiento para cubrir puestos de la Policía Local.

En un auto fechado el pasado día 14 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla vuelve a avalar además la actuación del Grupo Especial de Policía Local (Gepol), la unidad de Asuntos Internos que ha investigado este caso en el que hay 45 acusados, entre ellos el superintendente de la Policía Local.

El abogado de éste último había solicitado la nulidad de la prueba documental de los exámenes "por ser prueba ilícita por haber sido retirada sin seguir el procedimiento legalmente establecido, sin presencia del secretario, con quebrantamiento de la cadena de custodia y causando indefensión".

Frente a ello, la Audiencia pone de manifiesto que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla ya rechazó dicha petición de nulidad, una decisión que "nos parece razonable y ajustada a derecho" y que, por tanto, "debe ser mantenida".

Asimismo, la Sala recuerda que la actuación de del grupo Gepol "fue validada por parte del instructor y esta Audiencia en resoluciones anteriores", según publica este jueves 'Diario de Sevilla'.

A juicio de la Audiencia, la defensa del imputado "pretende de modo inidóneo y obviando resoluciones anteriores que validan la actuación del grupo Gepol que se declare la obligación del instructor de pronunciarse sobre las peticiones realizadas y alternativamente declare la nulidad de la prueba documental de los exámenes por ser prueba ilícita", lo que "no es admisible, precisamente, porque se ha obviado el cauce procesal oportuno, que son los recursos ordinarios".

La petición de la fiscalía

La Fiscalía, en un escrito de acusación consultado por Europa Press, ha solicitado 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros para el superintendente por sendos delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos y prevaricación.

La Fiscalía también ha solicitado condenas para otros 44 acusados —entre ellos 37 policías—, de manera que para los agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes reclama el pago de una multa de 100.000 euros y cuatro años de inhabilitación.

Asimismo, estima que las resoluciones administrativas dictadas en relación a las oposiciones son "nulas de pleno derecho", por lo que solicita que se anulen las oposiciones en lo que se refiere a los procesados.

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